Los alcaldes de San Isidro y Miraflores criticaron el reciente Decreto Legislativo Nº 1675, emitido el sábado 28 de septiembre, el cual entre sus disposiciones amplía el periodo de vigencia para las licencias de edificación de las Viviendas de Interés Social (VIS), de 36 a 60 meses.
Asimismo, el citado decreto establece la posibilidad de que las licencias de edificación y de habilitación urbana puedan ser transferidas por sus titulares, sin iniciar un nuevo procedimiento en las municipalidades.
Otro cambio que trae el decreto es que habilita a los revisores urbanos a aprobar proyectos inmobiliarios integrales, es decir, los proyectos inmobiliarios que se desarrollan por etapas, de forma independiente en su ejecución.
Al respecto, la alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, señaló que se han visto sorprendidos por la emisión de este decreto, más aún cuando la semana pasada el Tribunal Constitucional (TC) emitió un auto de ejecución de su sentencia emitida el 2023, ratificando las competencias de las municipalidades para definir zonificación, alturas y otros parámetros de construcción; y el TC también declaró nulos algunos artículos del reglamento de la VIS emitido por el Ministerio de Vivienda.
Tras lo resuelto por el TC, el Ministerio de Vivienda emitió un comunicado señalando que respetará lo dispuesto en el auto de ejecución. “A pesar de ese comunicado del ministerio, nos sorprendió que el sábado saquen un decreto que atenta contra la ley de municipalidades, la ley N° 29090, pues nos quita la facultad de seguir velando por los intereses de nuestros vecinos”, señaló Vizurraga en RPP.
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Frente a ello, Carlos Canales, alcalde de Miraflores, anunció que presentarán ante el TC una demanda de inconstitucionalidad contra el citado decreto. “Pues viola todas las normas, es anticonstitucional. Nuestras facultades están reconocidas en la Constitución. Acá hay unos lobbys terribles”, señaló Canales en RPP.
Los alcaldes también informaron que esta tarde, a las 6:00 pm, se reunirán con funcionarios del Ministerio de Vivienda, para aclarar todas las controversias en relación a las autorizaciones para el desarrollo de la VIS.
“No nos oponemos a la inversión privada, pero que respeten la calidad de vida. No es posible que donde se deban construir solo 8 pisos, hagan 30 pisos. Eso afecta la calidad de vida en temas como agua, desagüe, tránsito, etcétera”, anotó Vizurraga.
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