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El juez Duberlí Rodríguez, presidente la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial de Perú, señaló este jueves al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, como el autor intelectual de los recientes incendios que han arrasado con miles de hectáreas en el territorio amazónico de ese país.
Durante la primera jornada del tercer Congreso Internacional de Justicia Ambiental, Rodríguez sostuvo que los Gobiernos de Estados Unidos y Brasil no tienen interés en defender el medioambiente.
Asimismo, indicó que en el mundo existen grandes intereses económicos que conspiran contra la protección de los espacios naturales.
De igual modo, el juez peruano Francisco Távara expresó su preocupación por la "dramática situación" que ocurre con los incendios en Brasil, Paraguay y Bolivia y advirtió sobre la repercusión de estos en la economía y el equilibrio ecológico mundial.
Távara consideró que, a raíz de este fenómeno, la ecología "está de luto" y deseó que sus efectos devastadores no lleguen a la Amazonía peruana.
El Congreso Internacional de Justicia Ambiental se celebra en la ciudad peruana de Tarapoto, capital de la región amazónica de San Martín, en el norte del país, que es uno de los departamentos con mayores índices de deforestación.
En ese encuentro participan unos 200 magistrados procedentes de las distintas cortes que componen el sistema de administración de justicia de Perú para escuchar ponencias de especialistas nacionales e internacionales, entre ellos al cardenal peruano Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo.
En la inauguración del congreso, el presidente del Poder Judicial de Perú, José Luis Lecaros, aseguró que su institución ha asumido un rol clave en el combate de los delitos ambientales.
Lecaros indicó que los delitos ambientales como la caza furtiva, pesca, tala y minería ilegal mueven a nivel mundial más de US$ 200,000 millones al año, cifra que equivale al Producto Bruto Interno (PBI) de Perú.
El magistrado sostuvo que los jueces peruanos son conscientes de que si no existe un verdadero reconocimiento al derecho de acceso a la justicia ambiental no serían exigibles los derechos ambientales reconocidos.
En Perú ya existe desde el año pasado un juzgado especializado en materia ambiental para delitos como la tala ilegal y la minería ilegal, y en los próximos dos años está previsto que se abran once más a nivel nacional.
El único operativo hasta el momento está en Puerto Maldonado, capital de la región amazónica de Madre de Dios, fronteriza con Bolivia y Brasil, donde las autoridades peruanas combaten la minería ilegal, que tiene su caso emblemático en La Pampa, un área de unas 8,000 hectáreas de selva arrasada por esos buscadores ilegales de oro.
