Tras años de estudios, obtener el grado de bachiller o el título universitario es una de las grandes satisfacciones que puede tener una persona, pues con este documento bajo el brazo ya puede insertarse en el mercado laboral formal.
Sin embargo, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha identificado a universidades que solicitan una serie de requisitos a los estudiantes para obtener ambos documentos.
Incluso, esta incidencia se encuentra en el Top 5 de conductas más reportadas en la prestación del servicio educativo universitario durante el 2020, según el Centro Especial de Monitoreo del Indecopi (CEMI), activado para recibir reportes de los ciudadanos durante el estado de emergencia a raíz de la pandemia del COVID-19.
Al respecto, Delia Farje, Secretaria Técnica de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocrática, indicó que el Indecopi ha iniciado estas investigaciones debido a que los incumplimientos se enmarcan en la competencia de identificación de las normas de simplificación administrativa que impiden que las entidades soliciten información con la cual ya cuenta la propia universidad.
De esta manera, citó algunos requisitos que solicitan las universidades a sus estudiantes:
- Constancia de matrícula de los ciclos anteriores para obtener el grado de bachiller
- Constancia de tesorería de no adeudo
- Constancia de bibliotecas donde se indique el alumno no tenga deudas
- Fotocopias a color del DNI
- Partidas de nacimiento
- Constancias de no adeudo de diferentes oficinas de la propia universidad,
- Entrega de recibos de pago
- Carta de empaste de los títulos cuando se va a solicitar el título profesional
- El visto bueno de las oficinas de finanzas acreditando que no tiene deudas
“Lo que están pidiendo, muchas de las universidades, son información con la que ya cuenta la misma universidad. Es documentación que puede ser obtenida (por la misma universidad) como, por ejemplo, el DNI”, explicó Farje durante una conferencia realizada de manera conjunta con la Sunedu para presentar la “Guía Checa tu Uni”.
En este sentido, el Indecopi indicó que el último año, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocrática ha iniciado investigaciones de oficio a 36 de universidades sobre el cumplimiento de las normas de simplificación administrativa en procedimiento a obtener el grado de bachiller y título profesional.
De estas universidades, 8 se han adecuado producto de la investigación de manera que a la fecha ya no se las investiga. Estas universidades eliminaron los requisitos presuntamente ilegales identificados, mientras que solo en el caso de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas no se identificaron requisitos presuntamente ilegales.
Con ello, Indecopi continúa la investigación en 28 universidades del país.
Universidades sancionadas
Por su parte, Wendy Ledesma, directora de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, indicó que durante el 2020 el Indecopi sancionó a 51 universidades privadas en todo el país a las cuales en su conjunto se impuso 1,874 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
La conducta más sancionada fue la falta de idoneidad en el servicio, en la cual universidad no atendió solicitudes de gestión y otros; así como el incumplimiento de la obligación de informar, falta de información de las condiciones económicas y otros.
A su turno, la gerenta de supervisión y fiscalización de Indecopi, Ana Peña, indicó que el año pasado se realizaron 66 fiscalizaciones a nivel nacional para verificar principalmente los siguientes aspectos:
- Brindar atención oportuna a solicitudes de gestión, cuando los estudiantes piden algún trámite o gestión de algún documento
- Brindar atención a través de los canales de atención habilitados por la universidad
- No efectuar cobros de conceptos que no fueron informados
- No cobro de pensiones pese a no haberse prestado
- Brindar facilidades para la entrega de grados (bachiller y título)
Como resultado de esa fiscalización se encontró que 34 universidades incumplían alguna norma que existe en el país, principalmente las conductas alertadas sobre el hecho de efectuar el cobro de las pensiones pese a no haberse prestado el servicio y no brindar atención a través de los canales de atención habilitados por la propia universidad.
Tras esta fiscalización, 12 universidades subsanaron al menos una conducta y a la fecha ya se encuentran cumpliendo las normas en beneficios de su población estudiantil.