Hania Pérez de Cuéllar, ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), recalcó que no existe ni existirá intención de privatizar o concesionar alguna de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, como el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal).
“Deseo reiterar y dejar en claro a toda la representación parlamentaria y a todo el país, que no existe ninguna intención de privatizar, ni concesionar, ninguna EPS en el ámbito nacional. Lo que queremos, a través del Decreto Legislativo 1620, es fortalecer a nuestras empresas prestadoras de saneamiento”, señaló durante su presentación en el Pleno del Congreso el viernes 17 de mayo.
Durante las respuestas a las 13 preguntas formuladas en el pliego interpelatorio, Pérez de Cuéllar explicó al Congreso que su gestión busca convertir a las EPS en empresas públicas eficientes.
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“Esta gestión ha tomado la firme decisión de solucionar el problema medular de las EPS, porque para cerrar la brecha necesitamos tener empresas públicas modernas, eficientes, sin corrupción y sostenibles, con espaldas financieras y con instrumentos de planificación y gestión. Rechazamos seguir tomando el trago amargo de la indiferencia, aceptando la justicia social”, agregó.
La ministra reiteró que la intención es de ejecutar políticas que tienen como objetivo dar servicio de calidad a los ciudadanos.
“La única alternativa que estamos planteando es que las EPS sigan siendo públicas. Públicas, pero eficientes. Públicas, pero modernas. Públicas, pero que cierren brechas. Públicas, pero que den un servicio de calidad. Públicas, pero equitativas. Públicas pero sostenibles. Finalmente, públicas, pero sin corrupción”, dijo.
En este marco, Hania Pérez de Cuellar aclaró que, en una concesión, el Estado no pierde su condición de propietario y conserva sus plenos derechos sobre tales activos: “Las concesiones son un mecanismo de participación del sector privado para contribuir al cierre de brechas, dado que solo con recursos públicos es imposible atender todas las necesidades de la población, especialmente de los más necesitados. Con ellas no se privatiza nada”.
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Finalmente, invocó al Pleno del Congreso a aprobar la Ley de Acceso Universal al Agua Potable, que permitirá llevar agua de manera rápida a la población que actualmente no cuenta con este servicio.
“Es una ley histórica que nos reconcilia con nuestra gente. En el 2023, este Gobierno ha llevado agua potable a 600,000 compatriotas y 700,000 hoy tienen servicio de saneamiento, lo que significa que hemos cerrado la brecha en 1%”, sostuvo.
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