El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, indicó que este lunes en la edición extraordinaria de normas legales se publicó el Decreto Legislativo 1589 que modifica el Código Penal para garantizar la seguridad y tranquilidad pública.
En ese sentido, explicó que este DL, que se da en el marco de la delegación de facultades que otorgó el Congreso al Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana, recoge una serie de modificaciones a las penas por bloqueos de carreteras. “Estas penas se han agravado a 15 años de pena privativa de la libertad (...) Para aquellas personas que cometen un delito al bloquear las carreteras del país las penas van a ser severas sino también efectivas”, indicó.
Y es que, ha trascendido que, próximo a cumplirse un año del golpe de Estado de Pedro Castillo, se realizarán movilizaciones hacia el Barrio Chino (Ica). “Vemos que en algunas zonas del país se anuncian unas protestas que son constitucionales y legales siempre y cuando no afecten los vienes públicos y privados; pero en el Barrio Chino, un grupo de personas, de políticos radicales, intentan soliviantar el ánimo de la población; y ayer hubo una toma temporal de la carretera, pero la PNP abrió el paso”, dijo Otárola.
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Modificaciones
Tras la sesión del Consejo de Ministros, el titular del gabinete precisó se modificó el numeral 3 del artículo 315 del Código Penal. Así, todos aquellos que afecten la infraestructura portuaria, para la generación, transmisión y distribución de energía; la infraestructura para la extracción, procesamiento, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos; la infraestructura ferroviaria, aeroportuaria y la destinada para el servicio aéreo, agua, telecomunicaciones, saneamiento, salud, sanidad agropecuaria, registro civil, migratorio, penitenciario, entre otros, serán reprimidos con pena privativa de la libertad no menor de 10 ni mayor a 15 años.
“Es hora que respondan por los actos aquellos que pretenden cortar, suspender o afectar el derecho de todos los peruanos”, subrayó Otárola.
La norma también modifica el artículo 283 del Código Penal que se refiere al entorpecimiento de servicios públicos. “Cuyos agravantes esta vez pueden sancionarse hasta con 10 años de cárcel”.
Así, el Consejo de Ministros aprobó, “si las conductas recaen causando grave daño sobre recursos, infraestructuras y sistemas que son esenciales para desarrollar y mantener las capacidades nacionales vinculadas a servicios públicos, conforme a la ley de la materia, será reprimido con pena de libertad con pena no menor de 8 o mayor de 10 años al agente que causó este daño”.
Para aquellos que colaboren con el delito de disturbios, de acuerdo con el DL 1589, se modifica el artículo 315-B del Código Penal. “Será reprimido con pena privativa de la libertad hasta con 6 años el que de manera voluntaria realiza los siguientes actos: proveer cualquier mueble, objeto o instrumento que facilite las actividades del agente del delito de disturbio. Aportar recursos financieros o económicos para la adquisición de mueble, objeto o instrumento que facilite las actividades del agente del delito de disturbio”.
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Línea 911
En otro momento, el premier dijo también aprobaron a través de un DL, la creación de la central única de atención de emergencia y urgencias 911. “El Perú se pone al nivel de los países más avanzados del mundo y esta central integra una misma plataforma a las entidades de primera respuesta; a la Policía Nacional, Bomberos, Sistema de Atención Móvil de Urgencias, a través de una central única de operaciones de emergencia y seguridad que operará con el número 911″.
También, dijo que aprobaron decretar el estado emergencia por 60 días, el distrito de Echarate en la Convención por impacto de daños a consecuencia de lluvias intensas, por la crecida del río.
Finalmente, Otárola mencionó que se ha aprobado un Decreto Supremo que aprueba la ampliación hasta por S/ 1,000 millones la garantía al gobierno nacional, al programa Impulso Empresarial Myperú.
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Situación de Pataz
En conferencia de prensa, el premier Otárola lamentó el fallecimiento de los ciudadanos en Pataz (mina Poderosa). “En el Consejo de Ministros hemos escuchado los informes de todos los sectores, porque es un problema que atañe a todos los sectores. Pataz está declarada en emergencia, vamos a reunirnos con la empresa que ha sido afectada y vamos a reforzar todas las medidas que sean necesarias para resolver este problema lo más pronto posible”.
“Por lo pronto se ha dirigido un contingente importante de la Policía hacia allá. En los últimos meses la PNP ha dado golpes contundentes a esta mafia, han habido muchas intervenciones. El Ministerio de Energía y Minas viene analizando la Reinfo que muchas veces son mal utilizadas y traficadas; y en consecuencia, nosotros estamos en una observación permanente. Vamos a esperar el regreso de los ministros y ya tenemos una propuesta para avanzar en este tema”, refirió.
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