Funcionario que recorte sueldo recibiría hasta 8 años prisión, advierte Poder Judicial

Los funcionarios públicos que abusan de su cargo y obliguen a un trabajador a otorgarle a él o a un tercero, un bien o cualquier beneficio patrimonial indebido, estarán cometiendo un delito de concusión y podrían ser condenados de dos a ocho años de prisión efectiva; así lo informó el juez supremo provisional Ricardo Brousset Salas.

“Este delito se produce cuando el empleado público, abusando de su cargo, obliga, induce o hace prometer a una persona otorgar a él o a una tercera persona un bien o cualquier beneficio patrimonial, entiéndase, indebido”, expresó.

Además, resaltó que esta falta es un delito contra la administración pública, por lo que quienes pueden cometerlo son solo los funcionarios o servidores públicos.

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Aparte de recibir una pena de cárcel, el magistrado mencionó que los responsables deberán pagar una pena de 180 a 365 días de multa (un porcentaje de la remuneración diaria del imputado).

“Como es un delito contra la administración pública, también tiene la pena de inhabilitación en el cargo, este delito no tiene agravantes”, refirió.

La aplicación de la pena por este delito tiene diferentes factores: “Las penas mínimas son para concusiones que deben entenderse como menos graves. Se conmina atendiendo si se dan circunstancias que agraven como montos altos, que afecten a una pluralidad de personas o que sea un alto funcionario público”.

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El juez recordó que en el Parlamento hubo congresistas que abusaron de su cargo y contrataron empleados para su despacho, a los que les obligan a entregarles una cantidad de sueldo para contratar a otro personal y tener dos trabajadores con un mismo sueldo: “En ese caso sería concusión en favor de tercero o para sí mismo”.