Defensoría: No se puede descartar el resurgimiento de una nueva ola de protestas

El fin de semana los dirigentes que impulsan la medida de protesta acordaron continuar con el denominado “paro seco”, pero acortaran a dos los días de las medidas de fuerza. Esta semana lo harán el martes y miércoles y la siguiente serán los jueves y viernes.

Para el presidente de la Cámara de Comercio de Puno, Francisco Aquise, este cambio significa un avance para la región.

“Es un buen comienzo desde el punto de que tengamos ahora cinco días para realizar las actividades normales”, señaló a gestión.pe

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“Esto implica que en la noche ya habrá transitibilidad y conectividad diaria. Entiendo que se van a seguir evaluando las medidas de protesta. Pues la forma como se está haciendo ahora solo está perjudicando a la población local”, expresó.

Al ser consultado sobre qué pasará con los vuelos comerciales, Aquise manifestó su confianza en que funcionarán y esta semana se tendría una respuesta al respecto.

Actualmente no se permite el uso del aeropuerto y desde enero no llegan vuelos comerciales a la región altiplánica.

“Debió abrirse el aeropuerto en Semana Santa, que era lo previsto, pero parece que va a ser días después. Eso lo veremos en el transcurso de estos días”, anotó.

Añadió que se están generando algunas reservas de turistas. “El conflicto sigue latente pero creemos que no va a poder retornar a la intensidad que tuvo”, indicó el dirigente gremial.

Recordó que al 28 de febrero en Puno se han perdido más de S/ 300 millones a consecuencia de las protestas.

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¿Se acabaron las protestas a nivel nacional?

Hasta el momento, Puno es la única región donde permanecen las protestas, mientras que en otras zonas del Perú se hacen de forma más espaciada.

Al respecto, el adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque, señaló que de acuerdo a sus reportes las protestas se presentan solo en el 5% de provincias incluso los fines de semana observan que se disminuye a 2% o 1.5%.

“La tendencia es a la disminución, pero se debe principalmente, según nuestra interpretación, al impacto económico que tienen los bloqueos, que producen una disminución de la actividad productiva, comercial, trámites administrativos, lo que van afectando la economía familiar y ahí estamos hablando de palabras mayores”, observó.

Explicó que si bien la población puede estar comprometida con las demandas políticas planteadas “llega a un punto en el que no está en condiciones de poder continuar porque hay que atender la economía familiar”.

Un segundo elemento, que consideró, es que no hay una articulación nacional en estas protestas, es decir los niveles de organización que puede haber entre los aymaras de Puno no se repiten en otros puntos de Perú. “Por eso las protestas pueden ser intermitentes, ocasionales, sin el grado de persistencia que hemos observado en Puno”, anotó.

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Además, Luque indicó a gestión.pe que como se trata demandas políticas que deben ser tratadas a nivel del Poder Ejecutivo y Legislativo la participación de Lima es fundamental.

Otro elemento importante, refirió el representante de la Defensoría, es que si bien la protesta forma parte del juego político no es todo el juego político y ahí no se ha observado la aparición pública de líderes, dirigentes, que representen política y socialmente a las poblaciones movilizadas y busquen algún nivel de interlocución con el gobierno nacional o con el Congreso de la República u otras organizaciones del Estado.

Luque observó que en los conflictos sociales, que la Defensoría sigue desde hace varios años, el objetivo de la protesta es la instalación de un espacio de diálogo que le permita a la población sentarse con el Estado y las empresas para empezar a trabajar una agenda de demandas, pero en este caso no hay esfuerzos por abrir esos espacios y tampoco mucha voluntad de dialogar. “No hemos observado desde el lado de quienes protestan liderazgos que busquen el diálogo sino más bien solo la protesta y eso tiene, como hemos visto, sus limitaciones”, añadió.

¿Qué rumbo tomarán los conflictos?

Rolando Luque manifestó que “estamos en un momento de desaceleramiento, pero sin rumbo” porque los problemas de fondo no se han resuelto. “Es decir, los cuestionamientos a la legitimidad del gobierno y al Congreso se mantiene y no vemos que haya una estrategia de acercamiento a las organizaciones sociales y de apertura al diálogo, tampoco vemos gestos conciliatorios”, indicó.

Consideró que parte la responsabilidad que tiene el gobierno es la de garantizar la capacidad estatal de gestión y esta no puede haber si es que no se restablece la relación con esos sectores de la población que participaron o aún participan en las protestas. “Por lo tanto no se puede descartar el resurgimiento de una nueva ola de protestas en el Perú”, subrayó.

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¿Por qué persisten las protestan en Puno?

De lo que se habla en Puno, es por supuesto de las demandas políticas, pero a eso se ha sumado una reivindicación por las muertes. “Se ha sumado a la idea del honor de Puno. Entonces estamos hablando de elementos de un nivel moral, emocional, difíciles de negociar”, explicó Luque.

Agregó que es por ello que para resolver el problema se requiere de una mirada distinta a la tradicional empleada para resolver conflictos, que incluye una aproximación con gestos reconciliatorio.

“(Sin embargo) no vemos un plan. Por el contrario hay un una actitud de victoria y nadie puede sentirse vencedor cuando han muerto más de 60 personas”, refirió.

“Cuando en un conflicto social mueren tantas personas es que todo ha fallado y se requiere una actitud autocrítica en la que se debe pedir disculpas y perdón profunda y enseguida restablecer una relación con las provincias, distritos, comunidades que se han sentido agraviados por la forma cómo han sido tratados”, acotó

Luque sostuvo que no se refiere solo a los enfrentamientos con las fuerzas del orden sino el que haya aflorado el racismo, la discriminación de una manera brutal en la que el lenguaje se volvió muy agresivo y violento en nuestro país.

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La organización de Puno

El adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, explicó que los niveles de organización que hay en Puno, especialmente en las provincias donde la mayoría de la población pertenece al pueblo indígena aymara es muy compacta ya que tiene un alto sentido de la vida comunitaria y por consiguiente las decisiones se toman en conjunto y se acatan en conjunto, cosa que no necesariamente se puede observar en otros lugares del Perú.

“No es que en otros lugares haya retrocedido, las circunstancias los ha llevado a que por el momento no se expresen públicamente, pero los problemas no los han dado por resueltos se mantienen. Entonces mientras no haya una salida política y mientras no se note además de que hay un interés especial en parte por instituciones del Congreso y del gobierno nacional para colaborar con las investigaciones fiscales para determinar si hubo violaciones a los derechos humanos y crímenes, la población tiene pendiente aún con el Estado estos problemas”, insistió.

Además, indicó que se ha visto que el adelantó de las elecciones ha ido saliendo de la agenda del Congreso cuando es la forma de salir de esta situación que más consenso había logrado a nivel nacional y lo expresa la opinión pública a través de las encuestas.

Cuidado con los proyectos autoritarios

Hay en el gobierno y en el Congreso de la República un problema muy serio de legitimidad, señaló Luque.

“Cuando se ven las encuestas en Puno, prácticamente no hay un reconocimiento de la legitimidad del Congreso, está en el margen del error. Eso es peligroso porque en esos vacíos de legitimidad es donde los proyectos autoritarios empiezan a crecer o por lo menos las ideas de dejar atrás el sistema democrático empiezan a cobrar fuerza, y eso tenemos los demócratas que tener mucho cuidado”, enfatizó.