Defensoría del Pueblo advierte la activación de 21 nuevos conflictos sociales

La Defensoría del Pueblo reportó 203 conflictos sociales registrados (154 activos y 49 latentes), según su informe mensual.

“Preocupa el surgimiento de cinco nuevos casos y la reactivación de dos”, indica la Defensoría del Pueblo.

De la misma ha detectado 21 alertas tempranas, para que el Estado, empresas y la sociedad actúen en el marco de sus competencias y responsabilidades.

Casos nuevos de conflictos sociales

La Defensoría detalla que, en enero se incorporaron cinco conflictos sociales, de los cuales uno es de tipo comunal.

“El cual se desarrolla en Amazonas, donde la Junta Directiva e integrantes del Asentamiento Humano Pedro Castro, de la ciudad de Chachapoyas, rechazan la ocupación de un predio por parte de integrantes de la Asociación Jóvenes Emprendedores de Pedro Castro, acusándolos de talar árboles de pino en un terreno destinado a áreas comunes”, detalla.

Otros cuatro nuevos conflictos son de tipo socioambiental, vinculado las actividaes mineras y de hidrocarburos.

Así, uno se registra en Cajamarca, donde el centro poblado de Tranca de Pujupe y las rondas campesinas, demandan el cese de actividades de exploración de la empresa minera Anta Norte S. A., debido a una presunta contaminación de las aguas de la represa “Aguas Coloradas”.

De la misma forma en el Cusco, hay dos conflictos; el primero de ellos la comunidad nativa de Camaná señala que la empresa Transportadora de Gas del Perú S. A. que sostiene que la empresa ha incumplido parte de los compromisos asumidos en el 2019 y exige a la empresa el pago de una indemnización económica por presuntos impactos ambientales y sociales, debido al derrame de líquidos de gas natural ocurrido en el año 2016.

El segundo en el Cusco, es de la comunidad campesina de Pumallaqta cuestiona a la empresa minera Anabi S. A. C. debido a que consideran que no ha cumplido con un adecuado cierre de la unidad minera y exigen su retiro definitivo, monitoreo ambiental participativo y una indemnización por el presunto daño ocasionado.

El último conflicto que reporta la Defensoría del Pueblo es en Callao y Lima donde las asociaciones de pescadores artesanales, comerciante y la población afectada de los distritos de Ventanilla, Ancón, Santa Rosa y Chancay demandan indemnización por la afectación a la pesca artesanal, atención inmediata para el restablecimiento de la actividad pesquera y comercial de las playas afectadas y determinar a los responsables del derrame de crudo ocurrido el 15 de enero en el Terminal de Multiboyas n.° 2 de la Refinería “La Pampilla” (Repsol Perú).

Diálogo

Del total de casos activos, el 61.7 % (95 casos) de los conflictos son atendidos a través de mecanismos de diálogo, la Defensoría del Pueblo participa en 72 de ellos. Del total de conflictos en diálogo, el 81.1 % (77 casos) corresponde a casos socioambientales.

De la misma forma, indican que en enero se registraron 14 personas heridas en el marco de conflictos sociales.

“Un enfrentamiento entre la población de los caseríos de los distritos de Honoria y Campoverde y la PNP por la posesión de 3,920 hectáreas. En otro caso, se produjo un enfrentamiento entre la población del Asentamiento Humano Pedro Castro y la PNP, donde resultaros 10 agentes de la PNP y 2 civiles heridos”, detalla.

Alertas tempranas

En atención a su evaluación e intervención en conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo envía al Estado, las empresas y la sociedad 21 alertas tempranas, para que se actúen en el marco de sus competencias y responsabilidades.

Del total de alertas, 5 son conflictos nuevos, 4 son casos activos y 12 son casos en observación que pueden devenir en conflictos sociales.