Una ronda de conversaciones entre los ministros y los representantes de las comunidades en protesta contra la minera Las Bambas terminó sin acuerdo para reiniciar la operación del yacimiento, dijo un asesor de unas de las poblaciones en conflicto.
Líderes de seis comunidades que protestan contra Las Bambas, controlada por la china MMG Ltd, asistieron entre el lunes y el miércoles en Palacio de Gobierno, en Lima, a conversaciones en busca de superar el conflicto que afecta a la mina que produce el 2% de la oferta mundial de cobre.
Las conversaciones fueron el esfuerzo más ambicioso hasta ahora para encontrar el fin de la crisis que afecta al clave sector, incluida la participación del presidente Pedro Castillo el martes y de representantes de la empresa el miércoles.
Perú es el segundo mayor productor mundial de cobre.
Las Bambas paralizó sus operaciones el 20 de abril, luego de que la comunidad indígena de Huancuire invadiera días antes parte de la propiedad de la mina en la región de Apurímac, en demanda de que la empresa cumpla los compromisos que adquirió con ellos cuando comenzó sus operaciones en el 2016.
Alexander Anglas, asesor de Huancuire, dijo que en la cita el gobierno insistió en su propuesta de levantar el estado de emergencia en la zona de conflicto bajo la condición de que se suspendan las protestas, la cual fue rechazada por los dirigentes de las comunidades.
Anglas afirmó que, en cambio, las comunidades propusieron para comenzar “los diálogos formales” y poner fin a la crisis frenar el conflicto con el fin de la emergencia, pero sin que se reinicie la operación de la mina o el transporte de concentrados de cobre. “Esto no fue aceptado por el Gobierno”, indicó.
“Dada esta situación hemos acordado llevar las propuestas a la población para que decida qué pasos vamos a tomar”, agregó.
Las comunidades en protesta de Huancuire y Fuerabamba vendieron terrenos a Las Bambas en el pasado por millones de dólares, pero alegan que la mina no ha asumido todos los compromisos de la compañía.
Las Bambas representa el 1% del Producto Bruto Interno (PBI) de Perú y los ejecutivos de la empresa advirtieron que si no se encuentra una solución pronto, es posible que deban suspender o despedir a algunos trabajadores.