Contraloría pide presupuesto adicional de S/ 611.5 millones para financiar labor de auditores

Ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso, el contralor general César Aguilar Surichaqui informó que su sector requiere de un presupuesto adicional de S/ 611.5 millones para garantizar la continuidad de los 3,632 auditores de 691 órganos de control institucional para el próximo año.

“La demanda adicional que estamos solicitando es de S/ 611.5 millones, ya que la suma total que necesitamos para el 2025 es de algo más de S/ 1,500 millones. Sin embargo, observamos que se nos ha reducido el 17.1% en la asignación de recursos respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del 2024″, manifestó.

Además, señaló que el PIA 2025 de la Contraloría asciende a S/ 966.8 millones, representando una reducción del 42.1% a comparación del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este año. “Esta situación nos coloca en una posición crítica, ya que debemos asumir el costo de las planillas de los auditores que se han incorporado”, advirtió.

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Incluso, manifestó que la Contraloría requiere un monto adicional de S/ 1,305 millones para implementar la Ley de Carrera del Auditor Gubernamental.

Reducción de actos de corrupción

César Aguilar indicó que, en los dos meses que lleva al frente de la Contraloría, ha definido una visión preventiva para la institución, con el objetivo de evitar la obstrucción en la adquisición de bienes, servicios y obras por parte del Estado.

“Estamos evaluando la posibilidad de absorber a todos los Órganos de Control Institucional (OCI) a nivel nacional. Actualmente, existen 1,027 OCI, de los cuales solo 691 están incorporados a la Contraloría. El objetivo es evitar que los OCI sean capturados por las entidades que supervisan y garantizar su independencia”, comentó.

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Sobre los cuestionamientos a la Contraloría por los casos de corrupción en diferentes entidades públicas, sostuvo que se debe, en parte, a que no se han implementado políticas adecuadas y que la entidad ha estado enfocada en determinar responsabilidades de los funcionarios públicos, lo que ha generado trabas en el desarrollo de las obras públicas.

“Hago un mea culpa, ya que la institución ha obstaculizado el desarrollo de muchas obras públicas, convirtiéndose en una traba en lugar de una ayuda. Esto es lo que queremos cambiar”, aseguró.