Como parte de su lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, el Gobierno del presidente José Jerí reglamentó la Ley N.° 32490, que establece medidas extraordinarias contra los delitos de extorsión y sicariato, mediante la aprobación del Decreto Supremo N.° 009-2026-PCM, publicado hoy en el diario El Peruano.
Esta norma fortalece el marco legal para proteger a las empresas de transporte público y de mercancías, sectores duramente golpeados por organizaciones criminales, y garantiza la continuidad de un servicio esencial para la economía nacional, el empleo y la movilidad de millones de peruanos.
El decreto supremo dispone la implementación inmediata de acciones integrales que abarcan prevención, respuesta policial, protección a víctimas y recuperación económica, consolidando una estrategia de Estado frente a la extorsión y el sicariato.
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Medidas de prevención y control financiero
Entre las principales disposiciones, se refuerza el control de los flujos financieros vinculados a pagos extorsivos, bajo supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Policía Nacional del Perú, con el objetivo de detectar y desarticular las redes económicas del crimen organizado.
Asimismo, se establecen mecanismos de inteligencia policial mediante la elaboración de mapas delictivos georreferenciados para identificar zonas críticas y optimizar la planificación de operativos preventivos y disuasivos.
Rutas seguras y tecnología contra el crimen
La norma faculta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a evaluar y certificar rutas, paraderos, terminales y vehículos seguros, incorporando progresivamente tecnologías como cámaras de vigilancia y botones de pánico integrados a los sistemas de comando y control policial.
Estas acciones buscan garantizar la seguridad de conductores, trabajadores y usuarios, así como preservar la continuidad del servicio frente a amenazas criminales.
Respuesta policial inmediata y protección a víctimas
El decreto supremo dispone el despliegue de centros de comando y patrullaje focalizado, con participación de unidades especializadas en extorsión y sicariato, articuladas a los sistemas de videovigilancia de los distintos niveles de gobierno.
Además, se refuerzan los mecanismos de protección a las víctimas, que incluyen la reserva de identidad, canales de orientación, botones de pánico y patrullaje focalizado, garantizando una atención oportuna e integral a quienes son afectados por estos delitos.
Persecución patrimonial del delito
La norma también establece medidas de apoyo posterior al delito, como la creación de un fondo para la recuperación económica de las empresas afectadas, atención psicológica a las víctimas y programas de reinserción laboral.
De igual forma, se refuerza la extinción de dominio para golpear el patrimonio de las organizaciones criminales y se crea un Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato, que articulará investigaciones conjuntas entre la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la UIF.
Con esta medida, el Gobierno del presidente José Jerí reafirma su firme compromiso de enfrentar con decisión y firmeza la criminalidad que amenaza la seguridad ciudadana, la economía y la tranquilidad de las familias peruanas.
