:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/ZJLTGU7HLRDOVFJSDR3FTR3DZQ.jpg)
Más de un millón de universitarios en Perú volverán a algún nivel de presencialidad en marzo del 2022. Pese a ello, en el Congreso de la República se aprobó extender hasta el 2023 el bachillerato automático bajo el argumento de las limitaciones para realizar el trabajo de investigación por la pandemia, y el efecto económico para sustentar un idioma extranjero. Esta decisión tendría una repercusión directa en los avances de la primera fase de la reforma universitaria.
Si desde el 2014, año en que se promulgó la nueva Ley Universitaria que dio inicio a la reforma universitaria en el país, hasta el 2021, la producción de investigación indexada creció en 100%, de acuerdo al exministro de Educación, Daniel Alfaro, la nueva ley del Congreso le “restaría al Perú oportunidades para que las universidades puedan posicionarse mejor en los ranking a partir de la investigación”.
Cabe indicar que este año, solo ocho universidades del país se ubican dentro del ranking de la revista británica Times Higher Education (THE) a nivel de América Latina: la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) que cayó cinco posiciones hasta el puesto 36; la Universidad Cayetano Heredia (UPCH) en el puesto 51, retrocediendo 25 posiciones. Les siguen la Universidad Nacional Agraria La Molina, y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entre otras.
Pero no sería todo el impacto. Si bien la sustentación del proyecto aprobado en el Parlamento resalta que la medida reduciría el tiempo para insertarse al mercado laboral a favor de 120,000 estudiantes de las universidades públicas y privadas, e impulsará el desarrollo de actividades que generen beneficios económicos a las familias de los universitarios, esto podría tener un efecto contrario.
“Desde el punto de vista del empleador, aquellos egresados con bachillerato automático podrían tener una valorización menor (al momento de contratar) respecto a aquellos egresados de otros años. Además, si antes de la pandemia el idioma extranjero ya era importante, hoy lo es más. Este requisito no es negociable para tener mayor competitividad laboral”, refirió.
El también líder educativo en el proyecto Propuestas para el Bicentenario, agregó que la investigación al final del grado es importante “para desarrollar pensamiento crítico, comunicación de ideas y aplicar el aprendizaje en situaciones de la vida real”.
En esa misma línea apunta la congresista y exministra de Educación, Flor Pablo, quien señaló que el bachillerato automático por la pandemia, “no tiene asidero y perjudicaría a más de un millón de estudiantes en el desarrollo de sus competencias en investigación (análisis, redacción, argumentación lógica, conclusiones), así como la calidad de la educación superior”.
Pero de una opinión distinta es Iván Rodríguez, presidente de la Asociación de Universidades del Perú (ASUP), quien dijo a Gestión.pe que era necesaria la extensión del bachillerato automático tomando en cuenta la realidad de los alumnos. Aunque sí reconoció que la medida afectará la capacidad de investigación pero que se buscaría formas para compensarlo.
Asimismo, reveló que lamentablemente en no todos los campos se hacen investigaciones. “La producción (investigativa) ligada a la industria, producción, economía, no nos va tan bien y no es por falta de talento sino que en el Perú no hay producción como para poder aplicarlo”, indicó.
Más cambios
Adicional a ello, el Congreso también aprobó en el Pleno del último 11 de noviembre un dictamen que amplía el plazo hasta diciembre del 2030 para que los docentes universitarios obtengan los grados de maestro o doctor, requisito indispensable para continuar con la enseñanza en las casas de estudios superiores. Según la propia Asociación de Universidades del Perú, un 15% de maestros carece aún de dichos grados.
En tanto, avanza también en el Congreso un proyecto de ley presentado por el mismo presidente de la Comisión de Educación, Esdras Medina, de Renovación Popular, para restablecer la autonomía universitaria.
¿Qué significa? Según el mismo texto, que sean los rectores de las universidades quienes integren el consejo directivo a cargo de elegir al jefe de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), que en los últimos años cerró 13 universidades ilegales, sancionó 73 programas y 52 establecimientos no autorizados -entre ellas, Telesup-, además de imponer sanciones por S/ 51 millones.
“Seis años de Reforma Universitaria han servido para construir un sistema universitario diferente, ordenado y sin ilegalidad, con más investigación y mejoras en docencia. Es nuestra labor y la seguiremos realizando, expresó en su momento el superintendente Oswaldo Zegarra. No obstante, el Congreso y algunos rectores buscarían otro camino.
Así lo indicó Iván Rodríguez, quien afirmó que habrían algunos rectores que estarían a favor de la propuesta pues, tras haberse creado la Sunedu “se les recortó ciertos niveles de autonomía a las universidades y algunas se sienten maniatadas”, expresó.
Para Alfaro, el mensaje al Congreso, Ejecutivo y universidades es que “centren su interés en el estudiante para que mejore su calidad de cara a su proyecto de vida y competitividad laboral”. Finalmente, exhortó que cada una de las propuestas sean sustentadas con mucha evidencia a fin de que den el ejemplo de investigación a los estudiantes.
