El Pleno del Congreso aprobó hoy, en primera votación, una reforma constitucional que incorpora el acceso a la vivienda digna como derecho fundamental.

El dictamen incorpora el artículo 7-B en la Constitución Política del Perú, con el siguiente texto:

Artículo 7-B. El Estado reconoce el derecho de toda persona de acceder a una vivienda digna y adecuada, con servicios básicos esenciales. El Estado promueve la ejecución de programas de financiamiento de viviendas de interés social, para hacer efectivo el acceso equitativo y descentralizado de este derecho.

La reforma fue aprobada con 113 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Por tratarse de una reforma constitucional deberá ser votada por segunda vez en la próxima legislatura.

La iniciativa en mención reunió siete propuestas, tres de los congresistas del presente periodo: Yvan Quispe Apaza (FA), Mártires Lizana Santos (FP) y Luis Roel Alva (AP); y cuatro del anterior: Armando Villanueva Mercado (AP), Lucio Ávila Rojas (NA), Marisa Glave Remy (NP), y Ana María Choquehuanca (PPK).

La reforma constitucional fue estudiada en las comisiones de Constitución y Contraloría y en la de Vivienda y Construcción, donde en ambas fue aprobada en forma unánime.

El presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Luis Valdez Farías (APP), señaló que lo que se plantea con el dictamen respectivo es incorporar el artículo 7 b en la Constitución Política del Perú para establecer que el Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder a una vivienda digna y adecuada con servicios esenciales.

“Asimismo, proponemos que se establezca que el Estado promueva la ejecución de programas de financiamiento de viviendas de interés social para hacer más efectivo el acceso en forma equitativa y descentralizada de este derecho humano y fundamental”, sustentó.

Señaló que con su aprobación se permitirá el desarrollo y disfrute de otros derechos fundamentales como la vida, la salud, la intimidad, la paz, la tranquilidad, entre otros derechos que influyen en la calidad de vida, respaldados por organismos y pactos internacionales.

Por su lado, el presidente de la Comisión de Vivienda y Construcción, Juan Carlos Oyola Rodríguez (AP), dijo que la nueva ley establece en forma explícita que el Estado despliegue e intensifique las políticas públicas en materia de vivienda y que progresivamente asigne mayores recursos presupuestales para cerrar la brecha de viviendas.

No obstante, Enrique Fernández Chacón (FA) señaló que su preocupación principal es que “la ley no quede en letra muerta”, pero invocó a votar por la propuesta y a luchar contra los traficantes de terrenos.

Asimismo, Martha Chávez Cossío (FP) expresó sentirse preocupada “por escuchar conceptos extraños por pensar que con la reforma la gente ya va a tener acceso a la vivienda”.

Refirió que sin esa reforma en el gobierno de 1990 se crearon diversos programas de acceso a la propiedad y construcción de pistas y veredas. “Exijamos al Poder Ejecutivo, que maneja la chequera del Estado, a hacer su trabajo, pero no tomemos a la Constitución como si fuera una guía telefónica”, anotó.



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