Cierre de minas: declaraciones de la premier no tienen competencia legal y podrían sancionarse

El último viernes, la presidenta del Consejo de Ministros anunció que se creará una comisión ejecutiva para negociar los plazos y términos para el retiro y cierre de cuatro unidades mineras que operan en Ayacucho.

Elías explicó que el anuncio sobre el cierre de minas no es consistente y vulnera la normativa en el marco del principio de competencia y legalidad, los cuales están vinculados con la seguridad jurídica.

“El principio de competencia y legalidad, en síntesis, distribuye a nivel del Estado los roles y deberes administrativos. En ese sentido, la premier ni el presidente son competentes para analizar o revisar los planes de cierre de minas o autorizar sus ampliaciones”, precisó.

Señaló que esta competencia es del Ministerio de Energía y Minas (Minem), “pero no para que el ministro de esta cartera tome una decisión política, sino para que la dirección correspondiente realice el análisis técnico”.

También subrayó que esto está estipulado en la legislación para evitar un desgobierno por parte de las autoridades respecto a sus facultades específicas, como viene ocurriendo con anuncios como los de Vásquez.

“Luego, cualquier ministro empieza a opinar sobre posibles decisiones de cualquier industria u otras materias que escapan de su normativa específica. La competencia legal no solo le da una protección al sector privado, sino también al sector público, pues lo ayuda a saber qué cosa tiene que hacer y no debe hacer”, afirmó.

Por su parte, Nancy Ogata, abogada senior en el estudio de abogados Rubio Leguía Normand, y especialista en recursos naturales, advirtió que anunciar y tomar decisiones sobre este tipo de temas excede las funciones de la premier, y sobrepasa el Estado de Derecho.

“Esto genera expectativas dentro de la población, lo que finalmente puede terminar en escenarios violentos, y aplaza el desarrollo de proyectos”, indicó.

La presidenta del Consejo de Ministros, según Ogata, ha incurrido en responsabilidad administrativa funcional por incumplir con sus funciones de manera injustificada e intencional, ocasionando con sus declaraciones, una total inestabilidad política y económica al Estado.

“Esta infracción es considerada muy grave si ocasiona un perjuicio económico o se genera una grave afectación al servicio público, por lo que la sanción a imponer implicaría la inhabilitación para el ejercicio de la función pública, no menor de uno y hasta cinco años”, afirmó.

Asimismo, habría incurrido en responsabilidad penal por el delito de usurpación de funciones previsto en el artículo 361 del Código Penal, pues al comprometerse al cierre injustificado de las operaciones mineras, de hacerlo, ejercería funciones vinculadas a un cargo que no ostenta, según Ogata.

“El anuncio es irresponsable, ilegal e inconstitucional y todo lo que puede generar es preocupante, porque se promete algo que no recae en sus poderes como primera ministra. Se está yendo en contra de las leyes específicas del cierre de minas, las cuales no determinan nada de lo que anuncia la premier”, manifestó.

En el mismo sentido, Elías mencionó que Vásquez, al no saber gestionar el tema desde el marco legal, ha dado declaraciones irresponsables que incluso han tenido repercusiones en la parte financiera de las empresas involucradas y del mercado peruano en general.

Holdschild y la caída en sus acciones

Las acciones de Hochschild Mining, empresa que tiene dos unidades mineras afectadas por las declaraciones de Vásquez, cayeron 27% el lunes, después de que la premier señalara el cierre de su mina de plata insignia Inmaculada.

Según Ogata, conforme a la legislación vigente, la empresa podría iniciar una demanda civil de indemnización por daños y perjuicios.

“Ha generado (la premier) un daño grave a la empresa pues ha impulsado una interpretación errónea y tergiversada de la situación actual de sus unidades mineras, y ha legitimado la comisión de actos vandálicos y delictivos, justificados en supuestos reclamos de contaminación ambiental, los cuales no habrían sido previamente acreditados por las autoridades competentes”, manifestó.

Sobre los planes de cierre de minas

Los planes de cierre de minas tienen estimaciones y proyecciones respecto al año en donde posiblemente cesen las operaciones; sin embargo, pueden variar si se establece que los recursos van más allá de ese año o si quedan “cortos”. Ante ello, dependerá del análisis técnico que se haga, al margen de las fechas estimadas en el primer momento.

“La opinión de la premier ignora que la fecha de cierre de las unidades mineras puede variar. Este (el cierre de minas) es un tema técnico que tiene su normativa expresa y sus procedimientos específicos para los planes de cierre. Nadie del sector empresarial o académico puede indicar lo contrario”, explicó Ogata

Manifestó que en el marco legal peruano se le da toda la potestad al privado para solicitar el plan de cierre y prorrogar los plazos de vigencia de la minas.

“Por imposición de la norma se calcula una vida útil de las minas, pero cuando empiezan las operaciones este tema es dinámico y puede ir variando. La ministra se ha pronunciado antes de que el sector haga una evaluación de plan de cierre, y tampoco ha mencionado dentro de su discurso cuál es la real situación de la contaminación de la zona, No ha habido ningún tipo de evaluación, sino más bien una reacción inmediata a las quejas de grupos específicos que no están dentro del área de influencia de los proyectos”, afirmó.