Según su exposición de motivos, el objetivo es reducir los costos y las gestiones administrativas que implica la renovación anual del documento. (Foto: Andina)
Según su exposición de motivos, el objetivo es reducir los costos y las gestiones administrativas que implica la renovación anual del documento. (Foto: Andina)

Una propuesta legislativa presentada por el diputado César Augusto Muedas Balbiese, de la bancada de Ahora Nación, plantea

La iniciativa propone modificar el artículo 127 e incorporar los artículos 127-A y 127-B a la Ley N.° 30220, Ley Universitaria. Según su exposición de motivos, el objetivo es reducir los costos y las gestiones administrativas que implica la renovación anual del documento, además de facilitar la acreditación de la condición de estudiante.

Actualmente, de acuerdo con los antecedentes expuestos en el proyecto, el carné universitario tiene una vigencia de un año desde su expedición. La propuesta establece que el plazo sea de dos años, contados desde la emisión, sin que ello signifique una ampliación automática de la matrícula o de la condición académica del titular.

En ese sentido, cuando sea necesario acceder a un beneficio reservado a estudiantes, la condición académica vigente podrá verificarse mediante los registros universitarios y mecanismos electrónicos seguros.

¿Qué otros beneficios contempla la propuesta?

El proyecto también plantea incorporar un artículo para facilitar el acceso de los universitarios a beneficios complementarios vinculados con su formación y bienestar integral.

Entre ellos figuran el acceso a museos, monumentos, centros culturales, bibliotecas, archivos, exposiciones y actividades científicas. También se contempla la participación en cursos, talleres, seminarios, programas de capacitación, orientación laboral, prácticas y emprendimiento.

Asimismo, se propone promover el acceso a servicios públicos existentes de orientación en salud mental y bienestar socioemocional, así como a programas de actividad física, deporte, recreación y hábitos saludables.

La iniciativa también considera beneficios sobre libros, publicaciones, recursos educativos y herramientas tecnológicas, siempre que sean ofrecidos por las entidades competentes o mediante convenios voluntarios.

El texto precisa que estas medidas no implican descuentos, gratuidades ni prestaciones obligatorias para empresas privadas. Tampoco reemplazan los requisitos de elegibilidad que establezca cada programa.

Carné digital y protección de datos

Otro de los cambios propuestos es incorporar el carné universitario digital como una modalidad válida de acreditación, bajo estándares de autenticidad, seguridad, accesibilidad y protección de datos personales.

Para verificar el documento se podrían utilizar códigos QR, códigos únicos, enlaces seguros u otros mecanismos tecnológicos. Además, se plantea que las entidades públicas eviten solicitar documentos adicionales cuando puedan comprobar la información mediante sistemas interoperables.

El proyecto establece que estas consultas deberán limitarse a los datos indispensables para acreditar la identidad, la autenticidad del carné y, cuando corresponda, la condición estudiantil vigente. No se permitirá acceder a información como calificaciones, historial académico, situación económica o datos de salud.

La propuesta también garantiza que se mantenga la alternativa física para los estudiantes que no cuenten con conexión a internet, dispositivos electrónicos o competencias digitales.

Fuente: Proyecto Congreso.
Fuente: Proyecto Congreso.

¿Qué pasará con el medio pasaje?

La iniciativa mantiene expresamente el derecho al pasaje universitario, equivalente al 50% del precio regular ofrecido al público en general, de acuerdo con la legislación especial aplicable.

En cuanto a su implementación, el proyecto establece que la Sunedu deberá adecuar las disposiciones técnicas para la emisión del carné dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigor de la norma.

La modalidad digital se implementaría progresivamente y se priorizaría el uso de infraestructura tecnológica existente. Además, la iniciativa señala que su ejecución se financiaría con los recursos institucionales disponibles, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Finalmente, la ampliación de la vigencia a dos años se aplicaría a los carnés emitidos después de la entrada en vigor de la adecuación técnica correspondiente. Los documentos expedidos anteriormente conservarían su fecha de vencimiento original.

Cabe indicar que el proyecto no plantea que todos los beneficios culturales, educativos o comerciales sean gratuitos. Su alcance es facilitar el acceso a programas existentes y promover convenios voluntarios. Es importante mantener esa precisión para no generar una expectativa equivocada en los estudiantes.

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