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La Defensoría del Pueblo de Perú alertó este viernes que la modificación del reglamento de gestión de la Municipalidad de Lima, que encabeza el alcalde Rafael López Aliaga, “estaría generando un retroceso” al invisibilizar la violencia de género y los derechos de la comunidad LGBTIQ+.
A través de un oficio remitido a López Aliaga, el organismo manifestó su “especial preocupación” por el cambio del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad, un documento técnico normativo de gestión institucional que contiene la organización formal de la entidad.
Con este nuevo ROF, según la Defensoría, “se estaría generando un retroceso al invisibilizar la violencia de género, la lucha por la igualdad y no discriminación de estas poblaciones en situación de especial vulnerabilidad lo que se agrava en el contexto actual, en el cual se vienen incrementando los actos de violencia contra las mujeres y la comunidad LGTBI a partir de actos de violación sexual, feminicidios, entre otros”.
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El organismo destacó que, con la entrada en vigencia del nuevo reglamento, no se menciona entre las funciones de la nueva Subgerencia de Mujer y Familia, previamente denominada Gerencia de la Mujer e Igualdad, la necesidad del cumplimiento de normas para la equidad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Recordó, además, que en febrero pasado ya envió una carta a la Municipalidad, subrayando “la importancia de la continuidad y mejora de las iniciativas implementadas por la Gerencia de Mujer e Igualdad”.
Ante ello, la Defensoría solicitó a López Aliaga, quien es el líder del partido ultraconservador Renovación Popular y asumió la Alcaldía de Lima en enero pasado, revaluar este cambio “a fin de contribuir desde sus funciones a garantizar la promoción y protección de los derechos de las niñas, adolescentes, mujeres y miembros de la comunidad LGTBI”.
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Advirtió, en esa línea, que, de no reconsiderar el reglamento, no solo habría “responsabilidad del Estado sino un mayor riesgo para la ya grave situación de violencia que estas poblaciones enfrentan en el país”.
En lo que va de año, Perú registra al menos 51 feminicidios, una cifra que supera, incluso, las 48 vidas arrebatadas desde enero en las protestas antigubernamentales que azotaron al país.
En el país andino, los Centros Emergencia Mujer (CEM) y la línea 100 atienden a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día, al igual que el denominado Chat 100, un servicio personalizado y confidencial por internet y en tiempo real, que atiende a personas afectadas por la violencia familiar o sexual.
La violencia contra mujeres y niñas es una violación grave de los derechos humanos y el derecho de las mujeres a vivir sin violencia está recogido en acuerdos internacionales.
Fuente: EFE
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