AFIN alerta un riesgo de acceso a internet en el país: los motivos

La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) expresó su preocupación por una serie de decisiones que, según indicó, están poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera y técnica del sector telecomunicaciones y, con ello, la implementación del 5G y la expansión del acceso a internet en el país.

El gremio advirtió que se pretende trasladar al sector privado obligaciones vinculadas a la seguridad ciudadana, como el bloqueo de señales en establecimientos penitenciarios —incluido el Wi-Fi—, pese a que se trata de atribuciones que corresponden a entidades públicas. AFIN señaló que actualmente solo el 40% de los penales y centros juveniles cuenta con sistemas de bloqueo, lo que evidencia un problema de gestión estatal que, a su juicio, no se resolverá imponiendo nuevas exigencias y sanciones a las empresas operadoras.

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En paralelo, la asociación alertó sobre lo que calificó como una “hiperinflación sancionatoria” en el sector telecomunicaciones. Según detalló, en el marco de las facultades delegadas se busca exigir la presentación de cartas fianza como condición para que las empresas puedan recurrir al Poder Judicial, lo que en la práctica limitaría el ejercicio efectivo del derecho de defensa. De acuerdo con el gremio, la presión sancionatoria ya supera el 11% de las inversiones del sector al 2024.

AFIN sostuvo que esta exigencia, sumada a un esquema de multas que se ha quintuplicado en los últimos años, podría generar la inviabilidad financiera de las empresas sin que ello contribuya a mejorar la seguridad ciudadana ni a cerrar la brecha digital. Por el contrario, advirtió que estas medidas desincentivan nuevas inversiones necesarias para desplegar infraestructura de telecomunicaciones, especialmente en las zonas más alejadas del país.

El gremio también puso énfasis en la inestabilidad institucional en entidades clave del sector. En el último año, Pronatel ha tenido tres directores ejecutivos, mientras que la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica —operada por esta entidad— presenta múltiples fallas que, según indicó, afectan los servicios ofrecidos por los operadores a los usuarios.

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Asimismo, las redes regionales enfrentan problemas de sostenibilidad debido a demoras de Pronatel en la recepción de redes de transporte y en los pagos a las empresas que las operan, lo que, de acuerdo con AFIN, evidencia un problema de diseño institucional. A esto se suman cambios en posiciones técnicas dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en pleno proceso de ejecución de las obligaciones de cobertura de los contratos 5G y a seis meses de un cambio de gobierno.

“Esta combinación de decisiones, debilidad institucional, sobrerregulación y traslado indebido de responsabilidades del Estado al sector privado está afectando la sostenibilidad de la industria de telecomunicaciones y retrasando una política pública esencial para el desarrollo del país”, señaló el gremio.

AFIN remarcó que el 5G y la conectividad a internet no constituyen un lujo tecnológico, sino una herramienta clave para la productividad, la seguridad, la educación y la inclusión. En ese sentido, advirtió que sin reglas claras, respeto al derecho de defensa y estabilidad institucional, se posterga el derecho de millones de peruanos a estar conectados.