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Escribe: Carlos Casas, profesor de la Universidad del Pacífico
Uno de los problemas más destacados dentro de la política fiscal es el de la calidad en la ejecución del gasto. Como sabemos el monto de recursos que se destinan a inversión pública es significativo. A inicios de siglo se destinaban 2.5 puntos del PBI para este fin. En la actualidad tenemos que ese monto se ha duplicado en términos del producto. Por otro lado, en los últimos 10 años los gobiernos regionales y locales han manejado 65% del presupuesto de inversión.
Los titulares, reportajes y especiales publicados en los medios de comunicación dan cuenta de la pobre ejecución de este gasto. Se cuenta con más recursos, pero no se ejecutan. Además, buena parte de estos montos provienen de la extracción de recursos naturales (canon) que se reparten en zonas rurales, y que son precisamente las que cuentan con mayores niveles de necesidades básicas insatisfechas y pobreza.
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Sobre esto sabemos que los niveles subnacionales de gobierno presentan una serie de limitaciones de baja capacidad, desconocimiento de la regulación, corrupción, malos lobbies locales y muchos factores que han sido estudiados y documentados y sobre los que no vamos a ahondar.
Un punto que no se toca de manera profunda, y que es tan o más importante que los descritos, es el rol del nivel nacional. Lo que queremos resaltar es el poco apoyo de los sectores que cuentan con fondos que transfieren a los gobiernos locales y regionales para que construyan colegios, postas médicas, canales de irrigación, pequeñas obras de agua potable.
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El problema que se observa, y que no escapa a la inestabilidad que se aprecia en el Estado actualmente, es que existe una alta rotación de funcionarios tanto en los ministerios como en los puestos claves, como los jefes y el personal técnico a cargo de los fondos de infraestructura nacional.
Esta rotación lleva a que las reglas cambien de manera discrecional. Por ejemplo, las normas para la formulación y ejecución de instituciones educativas cambian permanentemente. Si existe una regla que establece que por un aula de X alumnos se debe contar con determinados metros cuadrados, los gobiernos locales desarrollan el proyecto tomando en cuenta estos parámetros. Es más, se señala que para tener una mayor probabilidad de obtener los recursos se deben desarrollar los expedientes técnicos. Estos documentos ya son parte de la fase de ejecución e implica entrar a un mayor detalle técnico en donde ya se cuenta con costos detallados. Desarrollar todo esto demanda recursos que se están desperdiciando. Elaborar el expediente técnico (que debería realizarse cuando se cuenta con la seguridad de los recursos a ejecutar) es muy costoso porque se requiere personal más especializado y la realización de estudios específicos. Y hasta este nivel deben llegar muchas municipalidades para acceder a recursos de los fondos que manejan los sectores y de los cuales no tienen certeza que los obtendrán.
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El gran problema surge cuando el esfuerzo económico para cumplir con todo lo establecen las normas técnicas que se va al traste cuando hay cambio de autoridades en el nivel nacional (que es casi permanente) y los estándares técnicos cambian dejando sin valor todo lo avanzado hasta ese momento. Ello quiere decir que una municipalidad pobre ahora tiene que volver a comenzar porque a algún técnico se le ocurre que ahora en vez de “X” metros cuadrados un salón de clases debe tener “Y” metros cuadrados. Ello implica volver a comenzar, gastar más recursos y perder tiempo. La situación se agrava porque reformular el proyecto toma tiempo y algo muy probable es que el expediente técnico quede desactualizado porque los materiales subieron y las especificaciones técnicas cambiaron lo que lleva a gastar nuevamente recursos significativos por parte de las municipalidades. Esta burocracia, generada por el nivel nacional de Gobierno, retrasa la ejecución de obras y la población sigue esperando por la infraestructura necesaria que no llega.
Esto es lo que ocurre en la actualidad y que no es responsabilidad de los Gobiernos subnacionales. Por ello es que es necesario contar con una mejor supervisión de lo que hacen los sectores con el fin de evitar esta discrecionalidad que es, a todas luces, ineficiente y que debe romperse con el fin de agilizar la inversión pública. Acá todos son responsables. Existen normas técnicas que deben establecerse, sin duda, pero estas deberían estar vigentes por unos cinco años por lo menos, para evitar el proceso que se ha descrito.
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Profesor de la Universidad del Pacífico.
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