Mientras redacto este artículo de opinión, mi atención se divide entre el desarrollo de sus líneas, las actualizaciones de la página web de la ONPE y las proyecciones de los resultados. Deben ser pocos los empresarios que, en estos días, no hayan recurrido a las sumas y restas para plantear sus propias conjeturas. Y cualquiera que lo haya hecho llegará a la misma conclusión: tenemos un país dividido exactamente por la mitad. Esto nos obliga a entender que es imperativo buscar que sanar esta fractura desde el día siguiente de conocerse los resultados oficiales.
Cuando se publique este texto, quizás el conteo de actas y votos, con el que tanto nos hemos familiarizado, haya quedado de lado. Sin embargo, no así la necesidad de ensayar otras sumas y restas: aquellas que busquen ecuaciones donde ganen ambos lados del electorado. He ahí la tarea: identificar los aspectos que toca valorar y preservar, y aquellos otros que urge corregir.
Entre los factores que suman, debemos considerar el potencial de crecimiento económico del país, su diversidad de recursos, su posición geográfica, su solidez macroeconómica, entre muchos otros. Los que restan –e impiden que la balanza se incline hacia el lado que suma– están la delincuencia desbordada, una informalidad que no decrece y un sistema político deficiente con su secuela de corrupción e ineficiencia. Todos ellos convergen en el problema principal: la falta de atención a las demandas de los ciudadanos, especialmente en los pueblos y asentamientos donde se concentran las mayores necesidades.
Es evidente que, desde distintas corrientes políticas, siempre que se actúe de buena fe, se podrá ubicar en los mismos extremos de la balanza las fortalezas que suman y las debilidades que restan. Esto demuestra que tenemos una base de apoyo importante sobre la cual construir consensos. Quizás discrepemos en las causas que profundizaron los males estructurales, y allí vendrá el debate necesario, pero es claro que podemos estar más cerca de lo que creemos de poder trazarle un derrotero al país; un proyecto consensuado que le marque una ruta al desarrollo, evitando que cada cinco años lo coloquemos en encrucijadas dramáticas.
Un aspecto fundamental, al que no se le ha otorgado el peso debido, es que el Perú no necesita un ajuste económico de gran magnitud como los que han requerido –de forma impostergable– Argentina y Bolivia, por ejemplo. Estos ajustes, además de ser difíciles de consensuar, suelen, por lo general, desatar movilizaciones sociales de consecuencias impredecibles. Esa es una ventaja invalorable que nos debería exonerar de mayores confrontaciones y que podríamos capitalizar.
Finalmente, es imprescindible hacer el esfuerzo de entender las razones del otro lado, todo diálogo parte de esa premisa. Desde el sector empresarial, creo que hemos comprendido por qué muchísimos compatriotas se inclinan por propuestas distintas a las nuestras. Sin embargo, más allá de diagnosticar el problema, es imperativo plantearle soluciones. No podemos seguir creyendo que nos irá bien mientras una parte de la población no logra satisfacer sus necesidades esenciales.
Jorge Zapata Ríos es presidente de la Confiep.
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