Mientras el país sigue pendiente de los últimos decimales del conteo de la ONPE, en los mercados internacionales la discusión también involucra otra pregunta: ¿qué ocurrirá con la economía peruana una vez que termine la incertidumbre electoral?
Al revisar los informes más recientes de bancos de inversión, clasificadoras de riesgo y analistas internacionales, aparece un consenso bastante claro: el Perú llega a esta transición política con una economía considerablemente más fuerte de lo que suele reconocerse.
Bank of America probablemente sintetiza mejor esa visión. En marzo elevó su proyección de crecimiento para el Perú a 3.8% para el 2026 y 4.5% para el 2027, entre las más optimistas de la región. La explicación combina precios favorables para los minerales, recuperación de la inversión privada, mejora de las exportaciones y un entorno macroeconómico que sigue en la región.
Así, para varios analistas internacionales, el próximo Gobierno recibirá una economía que podría crecer bastante más si logra reducir la incertidumbre política acumulada durante la última década.
Es precisamente allí donde aparece la principal diferencia que observan las entidades entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.
Fitch Ratings sostuvo que ambos candidatos representan escenarios “materialmente diferentes” para sectores como minería, energía e infraestructura. Según la agencia, una administración encabezada por Fujimori favorecería la inversión privada y la ejecución de proyectos, mientras que una presidencia de Sánchez elevaría la incertidumbre respecto de impuestos, regalías, estabilidad contractual e intervención estatal (esto fue antes de su cambio de plan de gobierno).
Moody’s llegó a conclusiones similares. Para la clasificadora, Fujimori representa continuidad de las políticas macroeconómicas, preservación del marco constitucional vigente y mayor previsibilidad para inversionistas y acreedores. En contraste, advirtió que varias de las propuestas planteadas por Sánchez podrían afectar la confianza empresarial, retrasar inversiones y generar dudas sobre la estabilidad regulatoria.
La visión más reciente proviene de J.P. Morgan. En un informe, el banco sostuvo que la segunda vuelta funcionó, en buena medida, como un referéndum sobre el modelo económico construido desde la década de 1990. Aunque considera que las restricciones institucionales limitan cambios radicales incluso bajo un eventual Gobierno de Sánchez, también señala que ese escenario justificaría una prima de riesgo más elevada mientras los inversionistas esperan señales sobre el Gabinete y la orientación de las políticas económicas.
Morgan Stanley había llegado a una conclusión parecida incluso antes de la elección. En abril describió los comicios como un plebiscito sobre la corrupción gubernamental y los bajos niveles de confianza en las instituciones, además de poner en primer plano la criminalidad y la seguridad ciudadana como temas centrales. También destacó que el Congreso bicameral aumenta la importancia de la construcción de coaliciones. En tanto, para Goldman Sachs la nueva estructura parlamentaria implica que el “umbral para destituir a un presidente ha aumentado”.
Casi todos los bancos de inversión y agencias citadas coinciden en un punto: que el nuevo Congreso bicameral actuará como un contrapeso frente a iniciativas capaces de poner en riesgo la estabilidad macroeconómica y la confianza de los inversionistas. Es una hipótesis razonable, pero también demasiado optimista. La experiencia de los últimos cinco años muestra que el Congreso puede erosionar la estabilidad fiscal, debilitar la seguridad jurídica y afectar instituciones fundamentales y a los ciudadanos con sorprendente facilidad cuando existen incentivos políticos para hacerlo. Entonces, los actores políticos y las instituciones no pueden bajar la guardia –sea cual sea el resultado– ante iniciativas nocivas, que de seguro veremos a partir del 28 de julio.
Moisés Navarro Palacios es editor de Opinión de Gestión.
Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.
