Escribe: Sebastian Gamarra Abarca, asociado de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados.
La constante crisis de las empresas públicas peruanas, más recientemente ejemplificada con el cierre de la pista del aeropuerto de Lima debido a un aparente defecto de mantenimiento por parte de Corpac, reaviva el eterno debate sobre la idoneidad de mantener ciertas empresas bajo accionariado estatal y el remedio de la privatización como una consecuencia inevitable.
Aunque muchas posiciones asumen la ineficiencia per se de las empresas públicas, no puede acusarse a todas de no generar utilidades ni servir a sus propósitos societarios. Bajo determinadas condiciones, tanto en otros países como en el Perú (principalmente en el sector eléctrico) muchas empresas públicas operan razonablemente bien, incluso sin generar externalidades apreciables o requerir subsidios permanentes que lastren la economía nacional.
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La realidad, sin embargo, es que los buenos casos son las excepciones. El escenario adecuado que posibilita la eficiencia de las empresas públicas se materializa cuando convergen al menos tres elementos concretos: gestión autónoma, competencia y regulación eficaz. Fuera de dicha ecuación, una empresa pública afronta una constante falta de incentivos de mejora, ya que en ausencia de un accionariado que demande utilidades y dividendos, los directivos -y los propios empleados- no están sujetos a las mismas metas que una empresa privada. De hecho, las propias sanciones administrativas, mecanismos para disciplinar conductas y reducir riesgos como los ocurridos el último domingo, son menos disuasivas debido a que el impacto de una potencial multa no recae en el patrimonio de accionistas individuales o funcionarios sino en todo el país como “dueño” de la empresa.
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¿Qué hacer entonces? Si pensamos en el caso de Corpac, dada la volatilidad política y las encontradas posiciones ideológicas que seguramente primarían sobre el debate técnico, un escenario de privatización se antoja improbable. Por ello, si a corto plazo la privatización no es una alternativa para mejorar la gestión de la empresa -y con ello reducir los evidentes riesgos para el país- entonces es necesario pensar en alternativas regulatorias inmediatas que la orienten. Primero, sería positivo reformular el sistema de buen gobierno corporativo y los mecanismos de transparencia alrededor de Corpac, de ser posible, desde las más altas esferas normativas a nivel de Ley o Decreto Legislativo. Si bien una norma por sí sola no representa una solución mágica, dada la antigüedad de la ley rectora de Corpac (que data de hace más de 40 años) resulta imprescindible definir nuevos parámetros que permitan cuando menos: la fijación de objetivos empresariales concretos y sostenibles, la contratación de funcionarios y empleados con alta preparación y la promoción de una cultura de servicio que muchas entidades públicas aún mantienen, desde el BCR al Indecopi.
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Segundo, considerando sobre todo la posición monopólica de Corpac, es necesario dotar de mayores recursos y de una estrategia concreta de fiscalización a la Dirección General de Aeronáutica Civil del MTC, órgano que permanentemente debe verificar el diseño y cumplimiento de los planes específicos de mantenimiento, emergencia, y contingencias. Incluso si Corpac fuera privada, no cabría esperar muchos cambios si no contamos con un regulador fuerte e inteligente.
Pocos sectores resultan tan estratégicos y vitales, desde muchos puntos de vista, como el sector aeronáutico. El contexto exige cambios y hoy, en medio de crisis extendidas, es urgente que se tomen decisiones apropiadas. El país espera.
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