Uno de los temas que generó más controversia desde el discurso presidencial del 28 de julio y también a raíz de la filtración del borrador del proyecto de ley para la solicitud de facultades legislativas fue el laboral. A partir de allí, surgieron las versiones y los reclamos de la oposición por posibles estímulos para que renunciaran los trabajadores del Estado, despidos masivos, fusión de ministerios y hasta por una supuesta reducción de beneficios laborales.
LEA TAMBIÉN: Trabajadores CAS superan los 376,000: así se incrementaron en últimos años y este perfl tienen
Aparentemente, y según las reacciones de la misma presidenta y algunos de sus ministros, el Gobierno retrocedió en lo que muchos llamaron un proyecto de reforma laboral que, según los rumores, incluía la eliminación de varios feriados y el “adelgazamiento” del Estado.
Ya el fallecido congresista Carlos Anderson se refirió a la contratación de “trabajadores fantasmas” en el Congreso de la República, sobre los cuales dijo que solo aparecen cuando deben cobrar. (Foto: Juan Ponce/GEC)
No sabemos si finalmente esa famosa reforma laboral o las acciones de las que se habla serán incluidas en la todavía misteriosa solicitud de facultades legislativas o no, pero nos ha surgido una pregunta que nos parece válida: ¿se requiere toda una reforma laboral para empezar a poner orden en la burocracia estatal?
LEA TAMBIÉN: Perú y su grado de inversión: ¿se mejoraría el perfil en Gobierno de Fujimori? Moody’s lo marca
Varios de los nuevos ministros y algunas otras autoridades recientemente nombradas han señalado públicamente que varios despachos u oficinas tienen casi una veintena de asesores cuando solo se necesitan tres.
En otros casos hemos sabido de situaciones en las que se ha contratado personal en ministerios y hasta en el Congreso de la República (al que habría que incluir, preferentemente y con urgencia, en cualquier reforma laboral o en cualquier “adelgazamiento” o racionalización) que no cumple las funciones para las que se supone que fue contratado ni asiste al lugar en el que debería laborar, sino que se le destina a desarrollar labores en oficinas o centros privados y hasta en locales de los partidos políticos.
LEA TAMBIÉN: El Niño en Perú: 4 de cada 10 empresas industriales ya incrementan inventarios de insumos
Hay también muchísimos casos de trabajadores que, en realidad, no cumplen con los requisitos que las normas exigen para los puestos que están cubriendo en varias dependencias, y son las mismas autoridades o funcionarios a cargo de esas dependencias quienes les sacan la vuelta a las normas para beneficiar a sus amigos, parientes o correligionarios.
Se sabe también de infinidad de casos en los que se ha falsificado o se ha adulterado documentación (títulos profesionales, certificados o constancias de trabajo, etc.) a fin de “cumplir” con los requisitos que se exigían para acceder a un puesto público.
LEA TAMBIÉN: ¿Quién es el líder empresarial B2B con mayor influencia en LinkedIn? Este ranking lo revela
De la misma manera, es conocido que, en muchos casos y en muchas instituciones del Estado, se contrata personal, bajo distintas modalidades, que no va a trabajar y que cobra regularmente su sueldo, el mismo que luego se reparte entre las personas que contratan y los que simulan ser empleados públicos.
Asimismo, existen casos en los que personas que necesitan un seguro médico “robusto” que cubra costosos tratamientos para ellos o para sus familiares, o algún otro beneficio o privilegio, “negocian” con funcionarios inescrupulosos de algunas entidades públicas que gozan de esas jugosas y exclusivas gollerías, para ser contratados y hacerse beneficiarios de esos seguros y/o beneficios, a cambio de pagos mensuales derivados de los “sueldos” que reciben.
LEA TAMBIÉN: Mineras en Perú superan cifras del “Top 40 mundial”, pero este factor las complica
Todas estas prácticas, muchas de las cuales han sido denunciadas por los diferentes medios de comunicación y otras nos han sido referidas por distintas personas que laboran o han laborado en muchas instituciones en las que se dan estos casos, constituyen delitos.
Muchos otros casos no son otra cosa que la institucionalización del “mochasueldismo” a gran escala, y en algunos otros se trata del ejercicio de la función pública para el enriquecimiento ilícito.
LEA TAMBIÉN: ¿MBA en Perú o en el extranjero?: lo que valora más el mercado laboral
Nada de esto es nuevo y, por el contrario, se ha ampliado, muchas veces a vista y paciencia de los diferentes gobiernos y con la complicidad y permisividad de todas las instituciones del Estado encargadas del control laboral. Ya el fallecido congresista Carlos Anderson se refirió a la contratación de “trabajadores fantasmas” en el Congreso de la República, sobre los cuales dijo que solo aparecen cuando deben cobrar.
Volvemos a preguntar: ¿es necesaria una reforma laboral para poner orden y empezar a limpiar el sector público de todas estas formas delincuenciales de contratación y supuesto desempeño laboral?
LEA TAMBIÉN: Inversión minera alcanza los US$ 3,304.4 millones, pero en exploración no da la talla
Solo hay que empezar a pasar por el “escáner” a todos los funcionarios públicos y saber: i) si los documentos que sustentan sus títulos y experiencia son legales y legítimos; ii) si cumplen realmente con los requisitos de experiencia para el puesto; iii) si realmente cumplen la función para la que han sido contratados o nombrados; iv) si efectivamente van a trabajar adonde deben laborar y en el horario en el que lo deben hacer; v) si cobran por lo que trabajan o no.
LEA TAMBIÉN: MEF pone la mira en Fonafe: el cambio que prepara para el holding del Perú
Hacer esta labor no recorta ningún derecho laboral ni atenta contra la estabilidad laboral de nadie, porque quien no va a trabajar y cobra, quien va a trabajar a otro lugar que no es su centro de labores, quien falsificó documentos para obtener un puesto y quien “negoció” su contratación para obtener beneficios ilegales estafó al Estado, cometió falta grave o delito, se burló de las autoridades y del Estado y, por tanto, no puede seguir siendo funcionario público.
LEA TAMBIÉN: El Niño apeligra 210,000 empleos formales: sectores golpeados y lo que tardaría recuperarlos
Esto se puede hacer en tiempo récord. Pero tiene que haber decisión y una actitud firme para limpiar el Estado de este tipo de prácticas. Se van a pisar callos, se va a chocar con amigotes o políticos irresponsables que se han aprovechado del Estado para beneficiar a los suyos y a ellos mismos. Pero hay que empezar a poner ORDEN. Y para eso no se necesita ni una reforma laboral ni facultades delegadas; solo se necesita acción.
