Esta semana, mientras la OCDE reconocía que el Perú lidera el proceso de adhesión entre los candidatos latinoamericanos, el Gobierno de transición publicó la Resolución Ministerial 193-2026-PCM para iniciar la selección de nuevos directivos en los organismos reguladores. La decisión es cuestionable: un gobierno saliente no debería condicionar por años la conducción de entidades estratégicas para la economía y los servicios públicos. Pero el problema de fondo es más profundo que el timing.
No es la primera vez que se fuerza la arquitectura institucional. En octubre del 2024, el Decreto Supremo 116-2024-PCM permitía a la PCM designar directivos de los cuatro grandes reguladores sin concurso público. La norma se elaboró en doce días. Los propios reguladores la impugnaron con informes técnicos y el Colegio de Abogados de Lima también la rechazó. El episodio revela una vulnerabilidad estructural: en el Perú basta una resolución ministerial para socavar años de construcción institucional.
La ley garantiza formalmente la independencia de los reguladores –directivos técnicos elegidos por concurso con mandatos fijos– pero en la práctica esa autonomía se erosiona de forma silenciosa y sistemática. Es un espejismo normativo: fortaleza en el papel, fragilidad en la práctica. Aunque el marco normativo concede autonomía a los reguladores peruanos, en la práctica se ven limitados por disposiciones de austeridad que atan las manos a entidades que supervisan telecomunicaciones, agua, transporte y energía. Una agencia sin recursos no produce la evidencia que necesita para regular bien, y sin regulación de calidad no hay inversión sostenida ni servicios públicos eficientes. El Gobierno ha declarado cumplimiento del 100% de las recomendaciones de la OCDE en política regulatoria. Pero el último informe de esta organización de abril último “Política Regulatoria en el Perú 2026” identifica tres amenazas persistentes: implementación desigual entre sectores, alta rotación del personal técnico y déficits de coordinación.
Las consecuencias son directas. El Perú registra una brecha de infraestructura de S/ 284,183 millones (MEF). Cerrarla requiere inversión privada, y la inversión privada requiere reguladores predecibles. En mayo, durante un conversatorio en la PUCP que reunió a los presidentes del Osiptel, Sunass y Ositran junto con la OCDE, el representante de esta institución para América Latina fue explícito: “La evidencia muestra que un regulador fuerte e independiente promueve la inversión y los servicios de calidad a los ciudadanos”.
El nuevo gobierno tiene una hoja de ruta clara: conducir la selección de directivos con rigor técnico y sin cuoteo político y garantizar que los reguladores cuenten con los recursos necesarios para cumplir su función. Antes de intervenir en ellos, que investigue por qué existen, qué protegen y por qué es importante que se refuerce su institucionalidad e independencia. Lo que ocurra en los primeros meses de este quinquenio definirá si el avance de los últimos años se consolida o se dilapida.
María Antonieta Merino es docente de las universidades del Pacífico y de Lima.
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