Tal como lo anunció semanas atrás el jefe de Estado, Pedro Castillo, ayer se envió formalmente al Congreso el proyecto de ley que busca crear el delito de la difusión de información reservada en investigaciones que se estén llevando a cabo en el Ministerio Público, iniciativa que ha sido criticada por diferentes instituciones y gremios periodísticos.
Tomando en cuenta que -actualmente- el presidente, exministro y entorno familiar tienen procesos abiertos en la fiscalía por delitos que van desde corrupción hasta tráfico de influencias.
En concreto, el proyecto establece que, si el responsable de la difusión de información fiscal es un imputado agraviado, abogado o representante legal de cualquiera de las partes, la sanción con pena privativa de libertad no será menor de 1 año ni mayor de 2.
En caso que la filtración sea cometida por un juez, fiscal o miembro de la Policía Nacional, la pena oscilará entre los 2 y 3 años de cárcel, mientras que si cualquiera difunde directa o indirectamente la información a través de los medios de comunicación, la condena no será menor de 2 años de prisión ni mayor de 4.
Ante ello, la pregunta de hoy es:
¿Está a favor de sancionar la filtración de información de las investigaciones fiscales?
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