Juntos Por el Perú: un país soberano, sin corrupción y de justicia social

Integrante del Equipo de Coordinación del Plan de Gobierno

Ejercer un gobierno justo exige defender la soberanía del país, transparentar la gestión pública, preservar la ética en el servicio público y fortalecer la democracia participativa. Estos son principios esenciales para la acción, los que que nos permitirá desterrar aquella corrupción enquistada por décadas, que destruye a la sociedad para favorecer a élites privilegiadas, las que en plena crisis económica, social y sanitaria asumen que su vida es superior a la de quienes padecen las consecuencias directas de la pandemia.

Ante este escenario, los esfuerzos de Juntos por el Perú estarán orientados a gobernar bajo estos principios, mejorando la capacidad y oportunidad de respuesta ante los efectos producidos por la pandemia siendo una prioridad la concreción de la adquisición de vacunas y su aplicación universal y gratuita hasta alcanzar la inmunización total el año 2022. Complementariamente, crearemos un programa de tratamiento y rehabilitación de personas que con secuelas de la COVID 19.

Asimismo, construiremos un sistema único de salud pública, asegurando un incremento progresivo del financiamiento público para la provisión universal de servicios y bienes de salud integrales, seguros y de calidad, con personal sanitario con derechos laborales garantizados, mejoramiento de la infraestructura y tecnología de la atención primaria y creación de establecimientos especializados y de mayor complejidad. La gestión económica del sistema de salud será eficiente y eficaz, y aplicaremos medidas inmediatas para luchar contra la corrupción en el sector para evitar el tráfico de medicinas, equipamiento, tercerizaciones y otros aspectos que precarizan la salud pública.

Por otro lado, reactivar la producción y el empleo es urgente. Desarrollaremos una política de fuertes estímulos monetarios y fiscales que otorgarán dinamismo a la economía y las familias se beneficiarán directamente con la recuperación de al menos tres millones de empleo hacia el 2022. Para cumplir con esta meta, se realizará una importante inversión en la generación de infraestructura pública de servicios básicos; e implementaremos una política de vivienda digna, reconociendo el acceso a este bien como un derecho fundamental.

LA reforma tributaria para derrotar al fraude fiscal, la evasión y elusión del pago del impuesto a las rentas e IGV, principalmente de las grandes empresas, el impuesto a las grandes fortunas, y la regulación de los monopolios en diversos sectores estratégicos, permitirá obtener mayores recursos para la sostenibilidad de la economía del país en beneficio de todos.

Sin educación universal, gratuita y de calidad marchamos al fracaso como país. Por ello, no seguiremos sometiendo a la educación a una lógica mercantilista, en la que prevalece el sentido del lucro y que excluye a quienes no cuentan con recursos económicos. Nos proponemos asignar a la educación pública un presupuesto no menor al 6% del PBI, que se ejecutará de manera eficiente en todos los niveles de gobierno, incrementando la inversión anual por estudiante en el nivel de educación pública básica, mejorando la infraestructura educativa dotándola de servicios públicos esenciales, y reconociendo la estabilidad laboral de los docentes.

Para sentar las bases de desarrollo social y tecnológico del país, implementaremos el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y garantizaremos el internet como derecho para todos los peruanos.

Tenemos la gran responsabilidad de preservar y proteger nuestro tejido social y ese espíritu de solidaridad que nos ha permitido sobrevivir a las diferentes crisis que hemos atravesado en nuestra historia. En este propósito, se entrelazan y complementan la valoración del trabajo doméstico y de labores de cuidados no remunerados como el emprendimiento de ollas comunes y comedores populares, la protección de nuestro patrimonio cultural y promoción de iniciativas ciudadanas, el pleno reconocimiento a nuestros pueblos indígenas, nuestra soberanía alimentaria y el respeto a los derechos humanos y la libertad de expresión.

Esta crisis política, económica, sanitaria y los ejemplos de desmoralización de los gobernantes y grupos de poder, no nos arrebatan el sueño y las esperanzas de consolidar una sociedad justa, solidaria y con propósitos comunes. Vamos a llevar adelante los cambios que el país necesita con una nueva Constitución para nuestra segunda independencia.