Escribe: Omar Mariluz, director periodístico de Gestión
El 2024 está terminando, pero para el Perú parece que no hay cierre de ciclo ni esperanza de renovación. Este año quedará grabado como un recordatorio de hasta dónde puede descender un país cuando la corrupción, el crimen y la incompetencia gubernamental se convierten en norma.
Comencemos por la violencia. Los casi 2,000 homicidios registrados este año no solo representan un récord, sino un incremento del 30% respecto al 2023. A pesar de ello, el ministro del Interior, Juan José Santivañez, insiste en maquillar la realidad. ¿Cómo se pueden negar cifras tan crudas, señor ministro? Los muertos no se esconden en un armario; los tiroteos a buses de transporte público y los asesinatos de choferes se viven y se lloran en las calles todos los días.
Sin mencionar el terror de los ciudadanos, ya no solo a ser víctimas de robo, sino de extorsionadores que amenazan su vida y la de sus familias. Las denuncias por extorsión entre enero y octubre del 2024 se han multiplicado por seis frente a las registradas en el mismo período en el 2019, el último año antes de la pandemia.
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El problema es que lejos de dar medidas para combatir la inseguridad y a los extorsionadores este Congreso y este Gobierno han dado una serie de iniciativas que han buscado quitarle dientes al sistema de justicia. Lo más reciente fue el escándalo de eliminar la detención preliminar, una decisión que por lo grotesca fue revertida por el parlamento, pero que aún la presidenta Dina Boluarte se niega a promulgar. Acá la pregunta es ¿a quién o a quiénes se busca proteger?
Mientras tanto, la corrupción continúa en sus formas más despiadadas. Este mes, el hallazgo del cadáver de Nilo Burga en un hotel terminó de dimensionar un escándalo infame: la corrupción en los ministerios de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y Salud, donde funcionarios permitieron que alimentos contaminados llegaran a los niños más pobres del país a través de Qali Warma.
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La muerte de Burga, lejos de cerrar el caso, solo genera más preguntas, especialmente cuando vemos cómo el Congreso, con el respaldo de Fuerza Popular y APP, blindó al titular del Midis, Julio Demartini, el principal responsable político del desastre. Eso es lo que le importan los niños pobres del país a nuestros políticos.
Y no solo hablamos de corrupción. El violento asesinato de Andrea Vidal, extrabajadora del Congreso dejó al descubierto una supuesta red de prostitución dentro de uno de los poderes del Estado. La sombra de este caso se cierne sobre Jorge Torres Saravia, hombre cercano al secretario general de APP, Luis Valdez. ¿Se investigará a fondo o este será otro caso que se desvanezca en el aire?
Mientras tanto, la presidenta sigue en su mundo paralelo. Con una desaprobación superior al 95%, insiste en negar la realidad, igual que sus ministros. No ha dado explicaciones claras sobre sus polémicas cirugías, sus sospechosas visitas a balnearios de Asia, ni los Rolex que su “Wayki” Wilfredo Oscorima le “prestó” en medio de una crisis económica. Pero lo más grave de todo es que tampoco ha sabido dar respuesta clara a las 50 muertes ocurridas al inicio de su Gobierno y cuyas familias siguen pidiendo justicia.
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Ahora intenta distraer al país elevando el sueldo mínimo a S/1,130, una medida que solo ahondará la pobreza y la informalidad. Señora presidenta, la riqueza no se crea por decreto, así como no se pueden esconder por mucho tiempo los muertos en el armario.
El 2024 nos deja con una sola pregunta: ¿cuánto tiempo queda?
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