Escribe: Omar Mariluz, director periodístico
Arequipa fue el escenario de la 62° edición de CADE Ejecutivos 2024, un evento que reunió a empresarios, académicos y líderes de opinión con un objetivo ambicioso: pasar de la degradación institucional y el estancamiento económico a la tan anhelada reconstrucción. Sin embargo, la misma semana en que en este foro se hablaba de cambio y soluciones, los hechos desde Lima pintaban una realidad muy distinta, incluso cínica.
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El Congreso, en lugar de debatir proyectos clave como la Ley MAPE propuesta por Rómulo Mucho, que planteaba soluciones reales para formalizar la minería artesanal e informal, optó por censurarlo. ¿El motivo? Quizás que dicha propuesta no encajaba con los intereses de aquellos que han convertido al Reinfo en un escudo para la minería ilegal, que no solo depreda el medio ambiente, sino que también asesina, corrompe y mueve miles de millones de dólares.
El mensaje es claro: los delincuentes disfrazados de mineros artesanales tienen vía libre para operar por al menos seis meses más. La Ley MAPE, que buscaba marcar una diferencia entre verdaderos emprendedores y criminales, quedó en el olvido. Y, obviamente, la respuesta del premier Gustavo Adrianzén, lejos de defender a su ministro fue de resignación: “Si corresponde promulgarla, lo haremos; y si corresponde observarla, seguiremos ese camino”.
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Pero eso no fue todo. Mientras los asistentes de CADE debatían cómo reconstruir la institucionalidad, el Congreso votaba por blindar al ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, pese a su clara responsabilidad política en el escándalo de Qali Warma, donde miles de niños fueron afectados por conservas abombadas, con hongos, carne en mal estado e incluso carne de caballo. En cualquier otro país, este sería un escándalo suficiente para provocar renuncias masivas, pero en el Perú, todo se arregla con una dosis de impunidad.
Es imposible no señalar la paradoja: mientras en Arequipa se hablaba de soluciones, en Lima se reafirmaba todo aquello que nos ha llevado al borde del colapso institucional.
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El problema no radica en la falta de propuestas. Desde CADE hasta las universidades y think tanks, las ideas sobran. El problema está en quienes detentan el poder, en un Congreso que legisla para intereses oscuros y en un Ejecutivo incapaz de responder a las demandas más básicas de la población. Quizá es por eso por lo que la presidenta Dina Boluarte prefirió cancelar a última hora su participación en el referido foro, porque realmente tenía muy poco que mostrar.
Si realmente queremos pasar de la degradación a la reconstrucción, debemos empezar por entender que no es solo una cuestión de propuestas, sino de personas. Hasta que no tengamos líderes dispuestos a priorizar el bien común sobre los intereses particulares, la CADE seguirá siendo un ejercicio de buenas intenciones, mientras el Congreso y el Ejecutivo se encargan de dinamitar cualquier avance.
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La degradación no es un destino inevitable, pero mientras sigamos tolerando este nivel de cinismo político, la reconstrucción seguirá siendo un sueño lejano. ¿Estamos listos para exigir algo mejor o nos resignamos a seguir siendo espectadores de esta tragedia nacional?
Magíster en Economía, diplomado internacional en Comunicación, Periodismo y Sociedad, estudios en Gestión Empresarial e Innovación, y Gestión para la transformación. Cuento con más de 15 años de experiencia en el ejercicio del periodismo en medios tradicionales y digitales.
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