Más recientemente se han adoptado medidas para mitigar los efectos de la pandemia en la economía de las familias, tales como el retiro de S/2.000 aprobado por el Gobierno y el retiro del 25% que promulgó el Congreso el pasado mes de abril.  (Foto: Andina)
Más recientemente se han adoptado medidas para mitigar los efectos de la pandemia en la economía de las familias, tales como el retiro de S/2.000 aprobado por el Gobierno y el retiro del 25% que promulgó el Congreso el pasado mes de abril. (Foto: Andina)

Por Luis Miguel Castilla Rubio

Exministro de Economía y Finanzas

En su presentación al Congreso por el voto de investidura, el Premier Cateriano atribuyó que el malestar de los afiliados sobre el funcionamiento de los fondos privados de pensiones se explica por la falta de información adecuada de la administración de sus fondos y la ausencia de mecanismos para canalizar sus propuestas de mejora en la gestión del ahorro previsional. Esta visión se complementa con el hecho de que la población desconfía en el sistema de pensiones existente. Según la SBS, el 44% de los peruanos que están ahorrando para su vejez eligen hacerlo fuera del sistema formal de pensiones, y el 67% de los que contribuyen al sistema lo hacen solo porque es obligatorio. Esta desconfianza y la aflicción económica que padece un gran número de familias por la COVID-19 han sido utilizadas por el Congreso para justificar un conjunto de leyes que terminarán siendo perjudiciales para los intereses de los pensionistas y aumentarán la carga financiera de futuras generaciones.

Retiros del fondo privado de pensiones es perjudicial

El Sistema Privado de Pensiones se ha visto afectado desde el 2016 por la aprobación de medidas destinadas a financiar beneficios distintos al de otorgar una pensión, como el retiro del 25% para el financiamiento de la primera vivienda, el régimen de jubilación anticipada por desempleo y el retiro del 95.5% de los fondos de pensiones al momento de alcanzar el derecho a la jubilación. Más recientemente se han adoptado medidas para mitigar los efectos de la pandemia en la economía de las familias, tales como el retiro de S/2.000 aprobado por el Gobierno y el retiro del 25% que promulgó el Congreso el pasado mes de abril. De esta manera, en los últimos cuatro años se ha retirado un acumulado de S/ 53.200 millones o una tercera parte del valor actual del fondo privado de pensiones. Ahora el Congreso plantea el retiro de hasta el 100% de las cuentas individuales de capitalización, cuando no registren aportaciones ni retenciones por 12 meses consecutivos. Esto podría significar una merma adicional de como mínimo S/ 20 mil millones del fondo privado de pensiones, según la Asociación de AFP.

La consecuencia más grave del retiro de los fondos es que afectará adversamente la futura pensión de cientos de miles de ciudadanos. Según la SBS, el retiro del 25% de los fondos privados de pensiones podría provocar para un trabajador entre 35 y 45 años una disminución de su pensión futura entre 12 y 18%. El retiro de los fondos genera pérdidas para los afiliados porque se efectúa en periodos de crisis financieras, durante los cuales el valor cuota de los fondos de pensiones baja por la caída generalizada de los mercados financieros internacionales. Se estima que los afiliados que retiraron el 25% de sus fondos perdieron más de S/ 1.000 millones en rentabilidad. Por su parte, los retiros aprobados en el contexto de la pandemia no han logrado beneficiar a los afiliados más necesitados, ya que el 70% que solicitó el retiro de sus fondos han sido cotizantes activos, es decir trabajadores que mantuvieron su empleo formal durante la cuarentena.

Regulación de la rentabilidad afectará a las pensiones futuras

Estos retiros redundarán en una menor rentabilidad del fondo de pensiones a futuro. Esto debido a que se generan incentivos perversos para que los fondos se inviertan en instrumentos más líquidos, pero menos rentables, con la finalidad de solventar los retiros anticipados. A esto se suma la aprobación de otro dictamen legislativo que pretende que las rentabilidades anuales de los fondos previsionales superen la tasa anual de inflación; caso contrario, las AFP tendrían que reembolsar un 50% de la comisión cobrada a los afiliados. El problema de concepción de esta iniciativa es que desconoce que la rentabilidad anual de los fondos de los afiliados ha sido de 11% durante los últimos 25 años y que los episodios de reducción en el valor del fondo siempre se han logrado revertir en el tiempo. La consecuencia de esta norma es que, con este esquema, al no haber comisiones, el riesgo que asumen las AFP para obtener rentabilidad del fondo va a tener que bajar, y como resultado, el portafolio tendría un retorno menor al esperado. Nuevamente esto redundará en menores pensiones a futuro.

Retiro de los fondos de la ONP exacerbará presiones fiscales

La aprobación del retiro de los fondos de la ONP significaría también deteriorar aun más la sostenibilidad del sistema público de pensiones e introduciría una presión significativa al Tesoro Público de alrededor de 1% del PBI, en una coyuntura adversa en la cual los ingresos tributarios del Gobierno Nacional se han contraído en más de 20% en el primer semestre del año. La próxima presentación del proyecto de ley de presupuesto para el 2021 será una muestra de los tiempos desafiantes que se vienen para las finanzas públicas del país, lo que exigirá que el Congreso sea consciente que no tiene iniciativa de gasto o que el Tribunal Constitucional le enmiende la plana. Como resultado de esta hiperactividad legislativa es que la sociedad en su conjunto deberá proveer a futuro los recursos para financiar la protección a aquellos afiliados que decidieron retirar anticipadamente sus fondos, vía impuestos u otros mecanismos de recaudación, lo que sin duda generará una mayor carga financiera para los ciudadanos. Todo esto es la antesala a una pretendida reforma previsional que aun ni siquiera empieza a discutirse.