Escribe: Enrique Castillo, periodista.
El problema grave será para el siguiente Gobierno y para el próximo Congreso, que tendrán que enfrentar este asunto y muchos otros que se siguen acumulando y engrosando”.
A la valiente marcha de los transportistas le han seguido muchos pronunciamientos, tinta en papel que seguro muchos ya han olvidado.
No sé si a usted le pasa lo mismo, pero cuando diariamente escuchamos, leemos o vemos como se le quita la vida a un joven por arrancarle un celular, como se mata a un trabajador o a una ciudadana para robarle los ahorros que acaba de retirar de un banco, como se asesina a un chofer o a una pasajera de un bus por obligar al pago de una extorsión, como se pone un explosivo en la puerta de un negocio o emprendimiento porque se niegan a pagar cupos, o como se asesina al chofer de un taxi o una mototaxi porque no pueden seguir pagando “protección”, nos parece una burla aquello de que: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad, y a la seguridad de su persona”, enunciado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
¿Hay algo más importante que el derecho a la vida, que el ejercicio de esa vida en libertad, y que la seguridad para poder vivir y disfrutar de esa libertad? No, todo lo demás es secundario, porque si no hay vida no hay nada; y sin libertad, ninguna vida ni ningún otro derecho se desarrolla.
Hoy, en nuestro país, la vida vale un celular usado, unos pocos billetes del bolsillo, diez o veinte soles diarios de extorsión, y si a un raquetero o a un sicario se le ocurre, no vale ni eso.
¿Y la libertad? De qué libertad hablamos si debemos vivir encerrados en nuestras casas mientras los delincuentes circulan con libertad por las calles y escogen con libertad a sus víctimas; si no podemos poner un negocio o emprender un proyecto sin que los extorsionadores nos quiten nuestras ganancias o nos obliguen a cerrar nuestros locales; si no podemos circular por las calles o disfrutar de nuestra libertad porque el miedo nos invade o porque una moto o una “manada” nos cierra el paso para quitarnos todo lo que tenemos.
Los ciudadanos que no delinquimos, que estudiamos, que trabajamos, que producimos, formales o informales, vivimos condenados al encierro, al miedo, al ataque vil y/o al asesinato; mientras los delincuentes “ejercen” con libertad e impunidad, y hasta con la seguridad que le brinda la corrupción y el activismo que vela por sus “derechos”. Pero, ¿y los nuestros?
Y sobre la seguridad, las cosas no son mejores. El Estado no tiene la capacidad de ofrecer seguridad a los ciudadanos de bien, no pueden o no quieren contar con los mejores especialistas, no pueden diseñar ni desarrollar planes ni estrategias, no asignan los recursos suficientes, y no atacan frontalmente la corrupción que se enquista en sus dependencias.
Los ciudadanos vivimos entre fuerzas del orden valientes pero debilitadas y mal equipadas, grupos de policías captados por las bandas delincuenciales, jueces y fiscales que devuelven a las calles a los delincuentes a cambio de quién sabe qué “beneficios”, y “defensores de los derechos humanos” que están más preocupados en que hay delincuentes fallecidos pero no hay policías magullados. Y cuando algunos policías abaten delincuentes que en flagrancia disparan contra ellos, es el mismo Estado el que los ataca y busca castigarlos por el “delito” de defender a la sociedad, incluso arriesgando su vida.
Por todo esto hay Declaraciones que se quedan en declaraciones, u otras que se lanzan sin sustento ni realismo, como aquella de “…estamos trabajando carajo y nadie nos va a derrotar”.
Pero lo que hemos descrito es el hoy, que en materia de inseguridad, informalidad y corrupción es más grave que el ayer. Sin embargo, hay un mañana en el que casi nadie piensa, y que puede ser mucho más grave que el hoy.
Este Gobierno seguirá con sus medidas coyunturales, detenciones y operativos de momento, y dando palos de ciego o dándonos analgésicos para un cáncer; mientras este Congreso seguirá de espaldas a la realidad de nosotros, pero de frente a sus intereses particulares. Nuestra preocupación es que seguimos actuando y creyendo que ambos van a reaccionar y harán lo que la responsabilidad, y el sentido y el bien común exigen.
En realidad, el problema grave será para el siguiente Gobierno y para el próximo Congreso, que tendrán que enfrentar este asunto y muchos otros que se siguen acumulando y engrosando (Petroperú, brecha de infraestructura, incremento de la pobreza, salud, legislación contraproducente, reformas anti reformistas, etc.).
A la valiente marcha de los transportistas le han seguido muchos pronunciamientos, tinta en papel que seguro muchos ya han olvidado. Nada o muy poco de participación efectiva, movilización institucional, de esfuerzos coordinados, de propuestas, de presión institucional o política. Pasó el paro y volvimos a la “normalidad” de contar muertos en las zonas de emergencia, y a los temas que a cada uno le interesa.
Se necesita una verdadera estrategia de lucha contra la criminalidad; una reestructuración, o como se le quiera llamar, de la Policía Nacional, Poder Judicial, Ministerio Público, INPE, y Migraciones, y de los servicios de inteligencia; la construcción de nuevos penales de máxima seguridad; una adecuada política y control migratorio; y, sobre todo, principio de autoridad, decisión, y firmeza. No necesitamos más leyes, requerimos ordenar y derogar muchas de las que hay. No necesitamos de mayores penas, necesitamos mejor administración de justicia. Necesitamos un trabajo serio y completo, y no sólo parches o espectáculos. Necesitamos que se velen y defiendan nuestros derechos a la vida, la libertad, y la seguridad para que la Declaración no sea solo una declaración, ni una burla.
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