Evidentemente, este Diario no justifica usar violencia como forma legítima de protesta. Dicho eso, resulta preocupante que los cada vez más comunes actos de abucheos o críticas públicas contra políticos de distintos partidos–tanto del Ejecutivo como del Legislativo– no parezcan haber hecho reflexionar en los más mínimo a dichos políticos sobre los motivos que podrían estar detrás de esas acciones.
No es verosímil asumir que un rechazo de más de 80%, como el que hoy mantienen tanto el Congreso como el Gobierno de Dina Boluarte, se explique únicamente por personas extremistas o confundidas. Ni tampoco por algún fallo de las encuestas, pues las más confiables dan números similares.
Episodios como los abucheos que se han visto contra la presidenta (que la habrían llevado a evitar apariciones públicas), o contra el gobernador de Ayacucho Wilfredo Oscorima (quien según la propia presidenta sería quien le prestó los relojes Rolex), así como el ‘escrache’ recibido por la congresista Patricia Chirinos en el bar ‘La Noche’ de Barranco (repetimos, sin que sea justificable la violencia), se explican por un hartazgo extremadamente profundo. Un hartazgo que si bien empezó a acumularse desde antes de que Boluarte –o incluso de Pedro Castillo–, evidentemente se ha seguido profundizando con cada vez más medidas escandalosamente impopulares o favorables a intereses oscuros.
Hablamos, no hay que olvidarlo, no solo de los niveles de rechazo más altos desde que existe registro contra estas autoridades (como contraste, según Ipsos el Congreso 2016-2019 solo superó el 80% de rechazo en dos ocasiones, mientras que la mayor parte del tiempo esa cifra se mantuvo cercana a 70% o menos). Además, al menos en el caso del Ejecutivo, se trata del Gobierno con mayor desaprobación de la región.
Pese a todo esto, ni el Gobierno ni el Congreso parecen comprender la gravedad de lo que continúan haciendo. Con cada medida escandalosa, si bien mucha gente aún no ha salido a marchar (por muchas razones, aunque sí ha ocurrido y sigue ocurriendo con más frecuencia fuera de Lima), eso no significa que casos como la impunidad contra los ‘mochasueldos’ (situación que ahora busca minimizarse con un reciente proyecto de ley de la congresista Kathy Ugarte), el ‘Caso Rolex’ o la falta de respuestas del Gobierno frente a los casos de personas fallecidas en las protestas, no tengan consecuencias.
Si el hartazgo de la gente no se cataliza con algún tipo de escape, como pudo ser en su momento una elección adelantada, se seguirá manifestando de otras formas. Hoy con gritos y abucheos a los políticos. Pero mañana podría hacerse eligiendo presidente a un nuevo extremista autoritario. ¿Tan difícil es entender esto?
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