Escribe: Pia Zevallos, gerente general de Libélula.
Según el Reporte Global de Riesgos del Foro Económico Mundial (FEM) del 2024, cuatro de los cinco principales riesgos globales están relacionados con la naturaleza: eventos climáticos extremos, cambios críticos en los sistemas terrestres, pérdida de biodiversidad, colapso de ecosistemas y escasez de recursos naturales.
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Las actividades extractivas y productivas realizadas sin enfoque de sostenibilidad, han provocado la pérdida de cerca del 70% de las especies silvestres a nivel mundial desde 1970, según el FEM, siendo América Latina y el Caribe la región más afectada. Esta crisis aumenta los niveles de desigualdad social y económica. El FEM también estima que la mitad del PBI mundial, 44 billones de dólares, depende de los recursos de la naturaleza y sus servicios ecosistémicos. Su colapso podría reducir el PBI mundial en 2.7 billones de dólares anuales para el 2030, provocando una recesión devastadora y agravando la desigualdad social y la seguridad. Por ejemplo, la pérdida de los hábitats costeros y los arrecifes de coral reduce la protección de las poblaciones costeras, aumentando el riesgo de inundaciones y huracanes que amenazan la vida y los bienes de entre 100 millones y 300 millones de personas, según el informe de Evaluación Mundial sobre la Diversidad Biológica y los Servicios de los Ecosistemas (IPBES, 2019).
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Sin embargo, este escenario crítico también ofrece oportunidades para desarrollar soluciones, y el sector privado desempeña un papel crucial en esta transición. Un ejemplo destacado en Perú es el grupo AJE, líder mundial en bebidas, que con su iniciativa Bio Amayu conserva la Amazonía. Este proyecto ha beneficiado a cerca de 200 familias y protege 30,000 hectáreas de bosque, generando ingresos para las comunidades locales mediante la compra de más de 700 toneladas de superfrutos desde 2018. Otro aporte reciente, desde la política pública, es el Proyecto de Ley 2404/2021-CR que busca promover la inversión privada en conservación mediante el mecanismo de “ambiente sano por impuestos”, teniendo como objetivo impulsar la inversión privada en áreas naturales protegidas que tengan por misión la conservación de bosques, para efectivizar la protección del medio ambiente.
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La COP16 de Biodiversidad que se llevará a cabo en octubre en Colombia y reunirá a representantes de más de 190 países, junto a organizaciones observadoras, grupos de jóvenes, la sociedad civil, y sector privado discutirá la conservación de la biodiversidad, su uso sostenible y el reparto equitativo de beneficios. Este evento subraya la importancia de la colaboración global en la protección de la biodiversidad, y representa una oportunidad fundamental para que el sector privado continúe fortaleciendo su compromiso y acción a favor de la naturaleza.
El periodo 2025-2030 estará marcado por nuevos retos para la conservación y regeneración de la naturaleza. Enfrentamos un gran desafío que exige acción inmediata y decidida, y el sector privado deberá incluir los conceptos de naturaleza y biodiversidad dentro de sus planes estratégicos, reconociendo el valor de sus servicios ecosistémicos como el capital natural de sus negocios.
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