Escribe: Carlos Casas, profesor de la Universidad del Pacífico.
En los últimos meses estamos asistiendo a una desregulación de la economía. Sin embargo, esta desregulación no es sobre las actividades formales, sino sobre las informales. Aquí hay que hacer una distinción dentro de la economía informal porque las economías ilegales son parte de ellas. Una situación particular es la de millones de personas que buscan ganarse ingresos día a día para generarse medios de subsistencia. En estos casos podemos ver una forma no organizada de muchos agentes que participan en mercados específicos que tienen características particulares como una baja productividad y ausencia de regulaciones.
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Cuando nos referimos a economías ilegales estamos hablando de organizaciones de personas que tienen un objetivo económico más amplio y que articulan a muchas personas en su cadena productiva. En esta categoría se incluyen el contrabando, la minería ilegal, la trata de personas y el narcotráfico, entre otros. Un aspecto adicional es que con estas actividades se hace daño a la integridad de las personas en muchos casos.
El avance de estas economías ilegales se da, en muchos casos, debido a las condiciones económicas de un país, su régimen tributario y aduanero como las regulaciones existentes y también por condiciones externas. Podemos pensar que ante una regulación débil y autoridades corruptas pueden prosperar actividades como el contrabando y la trata de personas. A estos factores debemos sumar los factores externos como los precios internacionales de ciertos productos como la hoja de coca o el oro.
En el caso de este metal, el incremento de precio observado en los últimos años que han llevado los precios a máximos históricos de US$ 2,500 dólares la onza genera fuertes incentivos al incremento de la minería ilegal que ocupa zonas donde se iban a desarrollar proyectos mineros y que están detrás de parte de la conflictividad que se observa alrededor de este tipo de proyectos mineros.
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A medida que ganan mayor poder económico, también buscan incidir en el marco regulatorio de tal manera que se vean beneficiados. La lista de normas identificadas en este sentido es considerable en los últimos años. Esto es una muestra de poder.
Sin embargo, estos grupos están haciendo un fuerte daño al país, no solo en el corto plazo, sino que el daño más grave es a largo plazo. Como hemos dicho, una economía con un sector informal amplio está condenada a mantener niveles de baja productividad e ingresos menores con lo cual se agravan los problemas de pobreza y alimentación que estamos viendo en la actualidad.
La creciente ola de inseguridad ciudadana es otra manifestación del avance de estas actividades que conforme abarcan una mayor proporción del aparato económico generan complementariedades con actividades delictivas que afectan a la población como el sicariato, las extorsiones y secuestros que venimos observando. En la práctica, ante la ausencia o voluntad del Estado para combatir estas actividades vemos que la “carga tributaria”, por así decirlo, aumenta. Y tomo como referencia el tema tributario porque las personas o empresas en sus decisiones tienen que incorporar que la probabilidad de verse expuestos a este tipo de actividades es mayor y destinar recursos a una mayor seguridad o aceptar los pagos a extorsionadores, lo que aumentan sus costos y les restan ingresos o utilidades por servicios que el Estado debería proveer. Eso es lo que me hace sostener que la carga tributaria viene aumentando.
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Los agentes responden a incentivos y lo que venimos apreciando es que con el incremento de las economías ilegales se están afectando los derechos de propiedad de los agentes económicos. Esta es una institución fundamental en cualquier economía y si no está asegurada lo que se podría esperar, en un escenario pesimista, es que la inversión se reduzca afectando la creación de empleo que aumenta el número de personas que pueden ser captadas por las actividades ilegales. La proporción puede ir en aumento. Por otro lado, se socava los valores y cultura de un país (parte de las instituciones) con lo cual las posibilidades de cooperación económica que nos llevarían a actividades de mayor complejidad y, por lo tanto, de mayor productividad se cierran. Esto nos castiga a tener un crecimiento mediocre y a una sociedad fallida donde no podremos prosperar.
Esta miopía de los grupos políticos y otros grupos en la sociedad debe ser cambiada. Los efectos de las economías ilegales se vienen estudiando, pero no se difunden demasiado. Esto afecta a sectores formales que pagan impuestos y pierden incentivos a invertir lo cual afecta la presión tributaria, pero por otro lado se incrementan los gastos del Estado por el efecto perverso de estas actividades. Todo ello redunda en un deterioro de la situación fiscal y está en parte de lo que venimos observando.
Un factor que nos puede ayudar es la presión internacional que existe contra este tipo de actividades, pero esto es insuficiente si desde dentro del país y del Estado no se emprende la tarea, nada fácil, de combatir estas economías ilegales. De lo contrario, el panorama puede ser uno en el que muchas distopías se hagan realidad.
Profesor de la Universidad del Pacífico.
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