Del potencial del cobre a la permisología minera

Según las estadísticas globales basadas en información de producción, precios, metales y especialistas en global metal trading, el cobre es el tercer metal más utilizado del mundo, después del hierro y el aluminio; además, ha registrado crecimientos a nivel global de entre 2% y 3% durante el 2023 y el 2024, respectivamente.

Se espera que el uso de este metal alcance un crecimiento acumulado de 20% para el año 2035, impulsado por el desarrollo del transporte eléctrico, las redes de transmisión de electricidad y la generación de energía renovable, que impulsarían la demanda hasta los 30 millones de toneladas al año, frente a los 24.8 millones de toneladas registrados en 2022.

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No obstante, la producción de cobre no parece ser suficiente para satisfacer las necesidades del mercado, debido a algunos riesgos de interrupciones de suministro, por lo que países como Perú buscarán prevenir un déficit.

A nivel nacional, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), prevé un repunte en la producción de cobre para el año 2024 (así como en las proyecciones de aumento de demanda del cobre para el año 2035), siempre y cuando superemos los conflictos sociales y políticos; así como la excesiva permisología y regulación sectorial, la misma que se ha convertido en una de las grandes trabas a las que se enfrenta el país actualmente. En ese sentido, se debe buscar que se agilicen los procesos de aprobación de permisos e, idealmente, se sistematicen, con el objetivo de generar escenarios más atractivos para la inversión extranjera en mediano y largo plazo, destrabando aquellas barreras legales y técnicas.

En cuanto a la cantidad de permisos que se requieren, tenemos, por mencionar solo algunos: licencias de otorgamiento de concesión, uso de tierras, uso de agua, municipales, ambientales, arqueológicos, insumos químicos, materiales peligrosos, transporte, construcción y demolición y uso de combustibles; los cuales se obtienen ante autoridades distintas que no coordinan entre sí. Respecto del tiempo de obtención, es sabido que en la realidad los plazos normativos muchas veces son superados y en ciertas ocasiones su aprobación tarda años.

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Frente a esta situación, el Estado peruano decidió crear la Ventanilla Única Digital del Sector Minería (VUD-MINEM) con el propósito de que sea la plataforma destinada a recibir todos los documentos relacionados al ciclo de inversión en el sector minero. Se espera que la creación de esta plataforma tenga diversos efectos positivos y represente un importante avance para el sector, de cara a lograr la agilización y centralización de los permisos.

Así, se espera que la VUD permita generar transparencia en los procesos y predictibilidad en los tiempos de gestión, siendo, sin duda, una herramienta positiva que brindará grandes beneficios en las actividades relacionadas al sector, permitiendo encontrar el camino por el cual se puede lograr destrabar los procesos. A la fecha, se prevé que se culmine la segunda fase de implementación este mes de julio; quedando pendiente una tercera etapa de implementación, que estará enfocada en la optimización de procedimientos mediante la formación de un equipo especializado de técnicos y abogados, encargados de revisar y mejorar los procesos existentes.

Esta será una oportunidad para que el Estado evalúe unificar y/o sistematizar algunos de los permisos que se exigen en la actividad minera, permitiendo que, en lugar de realizar dos o tres trámites independientes sobre un mismo permiso o autorización, estos se unifiquen en un solo procedimiento y su permiso consecuente (eliminando aquellos que resulten redundantes o innecesarios desde un punto de vista legal).

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En una coyuntura de auge del cobre, el Perú necesita tomar medidas como poner en pleno funcionamiento la VUD en el plazo más corto posible y dedicar esfuerzos a la resolución de conflictos sociales. Ello permitirá tener la capacidad de tomar la mayor cantidad de oportunidades de inversión, para así destrabar no solo los proyectos cupríferos priorizados, sino también aquellos que representan inversiones relevantes como el de Río Blanco en Piura, que supone una inversión total de 2,792 millones de dólares y que generaría más de 6,200 puestos de trabajo directo y 7,000 puestos de trabajo indirecto, así como el proyecto La Granja, donde la inversión estimada es de más de 546 millones de dólares.