Escribe: Carlos Gallardo, gerente general del IPE.
Para aliviar la pobreza urge retomar la ruta para un Perú más competitivo. Ello solo se logrará con las reformas estructurales que, según un estudio de la OCDE para el Perú, acrecentarían los ingresos de la ciudadanía en más de 60% durante los próximos 30 años. Se trata de aquellas reformas que se sabe que se tienen que hacer, pero que no se hacen: institucionales, de mercado, educativas, laborales y tributarias.
Llevar adelante estas reformas es lamentablemente un trabajo más de largo plazo que de mediano o corto plazo. Sin duda no se debe dejar de insistir. Sin embargo, en lo más inmediato bien se debería de enfatizar las siguientes cuatro medidas sectoriales para aliviar la pobreza:
Minería
Durante el anterior super ciclo de precios de los minerales, la inversión minera aumentó casi cinco veces entre el 2008 y el 2014. En ese periodo, solo cuatro grandes proyectos mineros sumaron US$15,400 millones en inversiones. A partir de la cartera de inversiones mineras del 2024, el IPE estima que su ejecución aportaría a la economía más de dos veces el valor del PBI del 2023. Producto de este mayor dinamismo, sería posible replicar la reducción de más de 20 puntos porcentuales en la pobreza que se vio entre el 2007 y el 2019, que cayó de 42% a 20%. Sin embargo, solo 12 proyectos de la cartera de este año tienen fecha de inicio programada y cambiar ese panorama requiere de múltiples esfuerzos. Pero hay que hacerlos. Como una muestra del enorme tamaño de la oportunidad: Apurímac (56%) y Cajamarca (54%) eran las regiones más pobres en el 2012. En ese año, mientras en Cajamarca los niveles de conflictividad escalaban, en Apurímac se iniciaba el mejoramiento de las carreteras de acceso para dar paso a la construcción de la mina Las Bambas. Doce años después, Cajamarca –cuya producción de oro cayó 65% desde entonces– es la región más pobre (45%) y Apurímac se encuentra en el puesto 16 (26%).
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Agrícola
Sacar adelante cuatro grandes proyectos de irrigación – Chavimochic III en La Libertad, Majes-Siguas II en Arequipa, Chinecas en Áncash y Valle Chancay en Lambayeque – permitiría que la superficie de cultivo para la agroexportación moderna se amplíe en casi 80% (194 mil hectáreas) y transformaría al país al abrir paso a la creación de unos 700,000 empleos directos. Si más de 4 millones de personas se emplean directamente en el sector agrícola informal, entonces la agroexportación – cuyos salarios se multiplicaron por seis entre el 2009 y el 2022 (casi tres veces más que en la agricultura tradicional o de subsistencia) – podría absorber un 15% de ese empleo gracias a lo que sería una gran segunda ola del “boom” agroexportador. Encaminar esfuerzos en este ámbito es urgente, en el 2023 la producción agrícola tuvo su peor caída desde 1992 (-4.1%) y el volumen de las agroexportaciones cayó por primera vez en 20 años (-2.2%).
Turismo
Faltan recuperar aún más de 300,000 empleos en este sector. Para este 2024 el Mincetur estima que arriben 3.2 millones de turistas internacionales, lamentablemente eso aun es 1.1 millones menos que en el 2019. El costo de no recuperar la cifra de visitas prepandemia es grande: el IPE estima que alcanzar 4.3 millones de visitantes en el 2024, tal y como se comprometió el Ejecutivo en noviembre del 2023, permitiría un ingreso adicional por divisas de US$ 1,600 millones. Imagínense además los ingresos que podría dejar en las personas directa e indirectamente vinculadas al turismo – hoteles, restaurantes, guías y servicios de transporte – si se recuperase también el número de viajes de turismo interno que se mantiene en 7 millones de viajes por debajo de los niveles prepandemia. Pero hacerlo requiere de menos rotación de funcionarios clave en el Mincetur y Promperú y de más acciones concretas: reposicionar al Perú en el turismo global, acelerar la mejora de la calidad de la infraestructura y de los servicios turísticos, y la implementación de una estrategia para controlar la inseguridad.
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Gas natural
El gas natural es de vital importancia, se acerca ya al 30% de la matriz energética y llega a más de 2 millones de hogares. Sin embargo, 84% de estos está en Lima y 73% de los hogares que recibe el gas natural en otras regiones lo hace a través del denominado transporte virtual (camiones) a un costo más elevado. La pobreza se reduce a través de más y mejor crecimiento y empleo, y también mediante más ahorro. Permitir a los hogares más vulnerables ahorrar al proveerles de energía más barata debiera ser una prioridad. En ese sentido, la agenda de masificación del gas a las regiones, a través de ductos y con tarifas competitivas se encuentra sumamente atrasada. En lo inmediato, el Congreso aún debate un proyecto de ley para implementar una tarifa nivelada a nivel nacional, que fue propuesta por el Ejecutivo en el 2022 y sobre la cual hay un amplio consenso técnico. Del mismo modo, impulsar las condiciones para fomentar mayor inversión en exploración y tener otro Camisea andando en 20 años (o menos) es también una prioridad.
Reducir la pobreza requiere de múltiples esfuerzos. En ese sentido, enfatizar en las medidas sectoriales propuestas y ejecutar acciones concretas para avanzar no es solo labor del Ejecutivo y el Congreso, sino también del empresariado y la sociedad civil.
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