Gerente general de Perú Sostenible
Empezamos el 2023 con retos y dolores, manifestaciones violentas con muertes lamentables. Más allá de los conflictos políticos, las protestas evidencian la creciente polarización y el descontento por la desatención de varias regiones del país. En esa línea, también comenzamos el año con la toma de mando de los nuevos Gobiernos regionales, provinciales y municipales, dando inicio a cuatro años de gestión decisivos para avanzar hacia el desarrollo sostenible del Perú. Para lograr esto es indispensable una mirada total y descentralizada de la realidad nacional para conocer cuáles son —o deberían ser— las prioridades de cada región.
La Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen una herramienta útil para identificar las brechas que nos impiden lograr un desarrollo colectivo sostenible. A partir de estos ODS, existen estudios como el realizado por la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico que presenta, a detalle, el avance que está teniendo cada ODS a nivel regional. Esto ayuda a entender mejor el panorama: por ejemplo, se sabe que los Gobiernos regionales de Huánuco, Cajamarca, Áncash y Tumbes, hasta mitad del año pasado, no habían logrado ejecutar ni siquiera la mitad del presupuesto asignado para inversiones. El estudio revela que justo estas regiones cuentan con más brechas en los ODS relacionados a salud, educación y trabajo digno.
Tener en cuenta estos datos nos permitirá priorizar problemáticas para atender a nivel regional. Por ejemplo, haciendo énfasis en el nivel educativo y la tasa de informalidad, la data presentada en el reporte debe generar alarma: por un lado, la tasa de asistencia a educación superior de la población de 17 a 24 años, en todas las regiones, no supera el 35%, siendo el porcentaje más bajo la región Loreto. Por el otro, la proporción a nivel regional de la población con empleo informal, sin contar el sector agrícola, supera el 60% e, inclusive, en regiones como Loreto, Puno y Huancavelica superan el 80%.
Esto debe ser una alerta para que los nuevos líderes regionales puedan plantear una línea de trabajo y, además de invertir su presupuesto asignado, busquen generar alianzas con otros actores, como el empresariado, para promover la generación de empleo y aumentar la productividad y el desarrollo de su región. Esto ayudará a reducir brechas existentes entre sector urbano y rural en temas como el acceso a servicios de salud y de educación, en donde la diferencia entre el primer y último lugar de los rankings supera el 20%. Los nuevos líderes tienen la oportunidad de mejorar la calidad de vida de los peruanos en sus territorios.
Hoy más que nunca necesitamos un liderazgo transparente y comprometido con el desarrollo de nuestro país. Esto no solo les corresponde a los nuevos mandatos, sino también a líderes empresariales y representantes de la sociedad civil. Nos corresponde a todos estar atentos a las tareas pendientes y aportar, cada uno desde nuestros frentes, a alcanzar un Perú sostenible para el 2030.
Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.