¿Son suficientes las reformas políticas?

La calidad de cualquier producto depende de la calidad de las materias primas e insumos utilizados en su fabricación, así como de los procesos productivos y de la tecnología. Llevando la analogía a la esfera de la labor del Congreso, lo que deseamos los ciudadanos es asegurar una mejora en la calidad de nuestra próxima representación nacional (reforma política), pero siendo que la ‘calidad’ de la materia prima o de los insumos no puede ser mejorada o cambiada así nomás, presento una alternativa centrada en mejorar la calidad de los procesos a cargo de nuestra representación nacional.

El enfoque de la propuesta busca introducir nuevas condiciones o reglas de juego que fuercen la labor de los congresistas con una clara orientación hacia resultados y le den el mango de la sartén a los ciudadanos. Normalmente, los congresistas afirman que su función de representación, fiscalización y la de legislar son imposibles de ser evaluadas a través de un enfoque de eficiencia o de gestión por resultados. Esa es una apreciación bastante cuestionable, pues la gestión por resultados puede adaptarse a cualquier cadena de valor; es decir, en donde se mezclan insumos en procesos productivos de bienes o servicios públicos. Por otro lado, la modificación o mejora de las reglas se fundamentarán en el principio que el recurso público es muy escaso y, por ende, altamente valioso y costoso de desperdiciar; la eficiencia es urgente y fundamental. En este caso, la eficiencia no implica el recorte irracional de gastos “superfluos”, sino más bien el uso racional de los recursos y bienes a cargo de los congresistas para el logro de resultados tangibles pues cada centavo cuenta.

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Aquí las propuestas: i) la cantidad de asesores (y de viajes) permitidos por cada congresista debe ir en aumento según demuestre su ‘desempeño congresal’ (la planilla de asesores y gastos asociados debe guardar coherencia con los resultados que generen); ii) debe crearse una Oficina de Análisis Legal y Económico cuya responsabilidad sea asegurar que los PLs presentados por congresistas o bancadas sean consistentes con el marco legal vigente, así como de la calidad de sus análisis costo-beneficio; sin dicho análisis ninguna propuesta podrá pasar a comisiones; iii) debe crearse una plataforma de datos abiertos para transparentar diversa información sobre la gestión de los congresistas y sus asesores (ej.: los conceptos de ingresos percibidos por cada uno de ellos, los informes por semanas de representación, informes técnicos de PLs, ranking de producción legislativa distinguiendo leyes declarativas de aquellas que no lo son; cantidad de licencias e inasistencias y otros indicadores de productividad); iv) para que un PL aprobado por el Pleno pueda ser remitido al Ejecutivo para su promulgación, debe demostrarse la coordinación previa con el sector del Ejecutivo responsable de su eventual reglamentación; y v) la declaratoria de ‘inconstitucionalidad’ de un PL debe implicar una sanción para los congresistas que participaron en su preparación; el gasto inútil de recursos fiscales no debe tomarse a la ligera. ¿Qué sanción? Podría empezarse por difundir el ranking de aquellos con más PLs declarados inconstitucionales. Y la lista de propuestas continúa.

El Perú es un país en desarrollo, institucionalmente débil, que vive en continua crisis política desde al menos los últimos siete años y muestra una debilidad estructural para generar suficientes recursos fiscales permanentes. A su vez, esos recursos fiscales son obtenidos a costa de nuestro aparato productivo (inequidad e ineficiencia de un sistema tributario que tiene pendiente mejorarse), a lo que se suma una insuficiente capacidad para convertirlos en mejoras de calidad de vida. Por ello, todos aquellos que hagan uso de recursos públicos deben someterse a reglas que aseguren la eficiencia y calidad de su gasto. Y si esto no queda del todo claro, los congresistas son elegidos por la ciudadanía y su desempeño debe ser rigurosamente monitoreado y evaluado por nosotros; deben hacer lo que nosotros les exigimos y cumplir las condiciones que nosotros les impongamos. Si el Congreso desea mejorar su imagen frente a la ciudadanía, introducir esas reglas por su propia voluntad es la mejor opción.

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Esto no significa que el Poder Ejecutivo no deba también alinearse a una gestión más eficiente, pero es la gestión del Congreso la que a la fecha permanece como un “agujero negro” y, en las difíciles circunstancias que vive nuestro país, deben promoverse progresivamente las iniciativas que iluminen todos los rincones de la gestión de nuestro Estado.

Finalmente, aunque mejorar la calidad de nuestros representantes debe ser un objetivo permanente, las reformas políticas no serán suficiente (y tal vez no lleguen a tiempo) si es que no se mejora las reglas de juego y se vuelve a trazar la cancha en la que se desenvolverán cuando ocupen tan importante cargo.

* Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.