A pocos días del 8 de marzo, el Índice Regional de Brechas de Género 2025 presentado por el IPE confirma que las desigualdades persisten, aunque con una ligera mejora respecto del año anterior. La brecha es mayor en los pilares de poder y toma de decisiones, mercado laboral y autonomía individual. Cabe señalar que la autonomía individual incluye la violencia, los embarazos adolescentes y la mortalidad materna, por lo que incide en los resultados de los otros pilares.
De cara a las próximas elecciones, debemos preguntarnos qué no debería estar en discusión. Estos son los puntos no negociables que plantea la asociación Mujeres Cuidadoras:
1. Educación preventiva. En regiones como Amazonas, el 25.4% de las adolescentes son madres o están embarazadas. La educación con enfoque de género –incluida la educación sexual integral– cumple una función preventiva. Hablar de enfoque de género es enseñar respeto, igualdad ante la ley y rechazo a la violencia. Se trata de prevenir embarazos adolescentes, reducir abusos y desmontar estereotipos que dañan tanto a mujeres como a hombres.
Además, muchas niñas son abusadas dentro de su propio entorno familiar. Lamentablemente, esos adultos no les van a enseñar cuáles son sus derechos, cómo identificar situaciones de abuso ni cómo pedir ayuda. La escuela cumple un papel protector fundamental para muchas niñas y niños peruanos.
2. Prevención de la violencia y justicia efectiva. Una de cada dos mujeres ha sufrido violencia física, psicológica o sexual por parte de su esposo o compañero en algún momento (ENDES 2024). No se puede hablar de progreso y bienestar cuando la mitad de las mujeres peruanas ha sufrido violencia en su propio hogar.
La prevención y la protección efectiva son obligaciones básicas del Estado. También lo son la no impunidad y un sistema policial, fiscal y judicial que funcione con celeridad, independencia y firmeza.
3. Protección de las niñas y acceso al aborto terapéutico. La violencia sexual contra menores es una tragedia nacional. Cada año se denuncian miles de casos. Detrás de cada cifra hay una vida marcada. Proteger a las niñas implica cerrar cualquier puerta a su vulneración. Por ello, la prohibición del matrimonio infantil, incorporada recientemente a nuestra legislación, es un avance que debe mantenerse sin retrocesos.
Cuando una niña es violada y queda embarazada, su salud física y mental corre peligro. El Estado tiene la obligación constitucional de proteger la vida y la salud, y por tanto de garantizar el acceso al aborto terapéutico. Aunque es legal desde hace más de un siglo y contó con un protocolo del Ministerio de Salud desde el 2014, su aplicación ha sido inconsistente y la guía fue restringida en el 2025, eliminando causales vinculadas a la salud mental. Como han señalado diversos órganos de la ONU, incluyendo en el caso “Camila” contra el Perú (2023), negar el aborto terapéutico a una niña violada vulnera su salud, su integridad y puede constituir un trato cruel, inhumano o degradante.
4. Autoridades sin pasado agresor. No podemos exigir integridad y, al mismo tiempo, elegir autoridades con antecedentes de violencia, acoso o incumplimiento de las responsabilidades familiares.
La representación política importa. Si una persona no cumple con su círculo más íntimo –si agrede o incumple deberes básicos–, ¿cómo podemos esperar que cumpla con su comunidad, su región o su país? La autoridad conlleva dar ejemplo. La coherencia entre vida privada y responsabilidad pública no es un lujo, sino un requisito mínimo para gobernar con legitimidad. Exijamos a los partidos que separen de sus listas a quienes tienen un pasado agresor.
De cara a las próximas elecciones, exijamos a los partidos y candidatos que asuman estos puntos no negociables: el fortalecimiento de la educación preventiva en las escuelas, medidas concretas contra la violencia, garantía de acceso al aborto terapéutico para menores violadas y listas libres de agresores. Son condiciones mínimas de justicia, dignidad y desarrollo. Todo aquel que valora la vida, la familia, la libertad y el progreso no debería tener dificultad en respaldarlas.
Elena Conterno es especialista en políticas públicas.
