Los costos de la confrontación política

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¿Cómo podemos saber que nuestros derechos de propiedad o de uso sobre un terreno, una bodega, una fábrica o una mina están asegurados por el Estado, si en el propio Estado vemos que los actores políticos se meten cabe, unos a otros, estirando la interpretación de la Constitución y de las leyes en función de las simpatías o antipatías políticas, que se puedan tener con el personaje o institución afectada? Sí, además, las decisiones judiciales suelen responder al linchamiento de la prensa, sin juicios cabalmente fundamentados con pruebas legítimas, y sin respetar el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. En el Perú la justicia no es predecible ni confiable. La justicia se ha politizado al extremo. La política se ha judicializado casi inevitablemente. Todo, a través de juicios mediáticos.

¿Cómo podemos esperar que los mejores profesionales del país se animen a participar en política o en gestión pública? Si cualquier conversación, registrada con transparencia, entre administrador y administrado, termina siendo interpretada como contubernio, no como un espacio de mejora regulatoria. La cultura de la sospecha se ha apoderado de la ciudadanía. ¿Cómo puede establecerse un diálogo construtivo entre el sector público y privado?

2. Un Estado paralizado: Frente a estas situaciones y similares, las instituciones públicas están en parálisis y aparecen actores que representan intereses informales e ilegales a cubrir los espacios de ausencia. Los ciudadanos sienten que la clase política incumple sus compromisos de políticas y servicios públicos de calidad mínima y, en consecuencia, deciden desarrollarse en la informalidad o al margen de la ley. Predomina “el favorcito” y “el amiguismo” antes que el derecho y la responsabilidad de cada quien. El resultado: una economía “extractivista”, como la llaman Acemoglu y Robinson en su libro “Porqué fallan las Naciones”, que solo sirve a aquellos que pueden extraer rentas del Estado, excluyendo a la mayor parte de los ciudadanos de cualquier progreso económico y social. El desarrollo de buenas políticas públicas requiere necesariamente de un consenso mínimo, sostenido en el tiempo, entre los actores públicos con los ciudadanos. Este acuerdo nos dara confianza en nuestras instituciones, acercando más personas a la formalidad y no excluyéndolas o manteniéndolas en la baja productividad y pobreza. Obviamente no me refiero a un cambio constitucional. Por el contrario, al respeto de ese marco legal e institucional que nos permitió sacar de la pobreza a millones de personas. Lamentablemente, esos peruanos han vuelto a ser marginados; o por ausencia del Estado o por exceso regulatorio.

En la misma conferencia en la que participé, una economista griega del Banco Mundial (BM) ––que participó en los procesos de cambios normativos en los noventas, que establecían mejor los derechos de propiedad y su consecuente aplicación en los años posteriores–– mostraba con evidencias cómo el Perú cambió, para bien, debido a la decisión política de todos los actores, públicos y privados, de comprometerse en esas reformas. La escuchaba, mientras pensaba en lo fácil que es perder el rumbo cuando los actores están enfrascados en una absurda guerra de poder. Una guerra sin cuartel, donde vale todo.

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Norman Loayza, prominente economista peruano, también del BM, mostró recientemente, en la conferencia anual del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), algunas propuestas para lograr la reducción sustantiva de la informalidad en el país, con las que coincido: 1. Confiar en el crecimiento, pues es el factor que permite el incremento de la productividad con más empleo formal. 2. No forzar la formalización, sino incentivar el crecimiento de las empresas, de pequeñas a grandes, haciendo atractiva la formalización. Paro lograrlo recomendaba invertir en capital humano, incentivar la inversión del sector privado y desarrollar infraestructura productiva. También enmendar el clima de negocios, mejorando y racionalizando el marco regulatorio, que se ha vuelto sumamente frondozo y enrevesado y, por lo mismo, incumplible, para cualquier empresario informal y formal. Arreglar las distorsiones generadas en los mercados laborales, de crédito y de bienes, tener más eficientes y adecuados servicios públicos –desde los servicios de justicia hasta hacer más fácil el pago de impuestos para todos-. Cumplir con la mejora de la seguridad ciudadana, la calidad en la educación, la seguridad social y la salud de la población. Añadiría a estas recomendaciones, la formalización del Estado. Requerimos un aparato público que nos devuelva la fe en nuestra institucionalidad y en un rumbo positivo y formal del país.