Lo que dejó el 2021 en materia de urbanismo

El 2021 ha sido un año complejo para toda la humanidad, marcado por la vacunación masiva en diversos países, los rebrotes de la pandemia, y la paulatina recuperación económica.

En ese complejo escenario, poco se esperaba en cuanto a avances en materia de vivienda y urbanismo. Aun así, el sector público y privado concretaron importantes proyectos que deberían orientar las políticas y acciones del Estado hacia la construcción de ciudades más humanas, inclusivas, competitivas, sustentables y resilientes, en los próximos años.

Quiero destacar la publicación de la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo y de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible (DUS), instrumentos fundamentales para orientar los esfuerzos futuros del Estado y fortalecer los ya existentes. Queda pendiente su reglamentación e implementación.

En materia de vivienda, en el primer trimestre, el Fondo MiVivienda logró una cifra histórica en el desembolso de créditos, evidenciando una importante recuperación en la economía de las familias y del sector construcción. Lamentablemente, las políticas sociales del Ministerio de Vivienda siguieron sin llegar a las familias más vulnerables, ampliándose la brecha habitacional.

Según cifras del INEI, solo en el primer año de la pandemia las personas en situación de pobreza pasaron del 20% al 30%, borrando 10 años de inclusión. Es evidente que los mecanismos desplegados por el Estado para contener esta crisis social no han sido suficientes, incrementando la precariedad en la forma como habitamos. El problema de fondo es la informalidad del país, que aleja a millones de familias de cualquier posibilidad de acceso a una vivienda digna mediante un crédito hipotecario, y aleja al Estado de poder plantear mejores soluciones para el acceso a la vivienda debido al origen informal de gran parte del suelo urbano. Esta informalidad se ha incrementado en estos dos años de pandemia.

En este contexto, las personas más vulnerables perdieron sus viviendas, y tuvieron que recurrir a prácticas ilegales, y a mafias de traficantes de tierras, para conseguir un espacio donde habitar. Ello significó la invasión de zonas de alto riesgo, sitios arqueológicos, históricos, de protección y tratamiento paisajista, tanto en Lima como en otras importantes ciudades del país. En el caso de Lima, se intentó invadir el Cerro Lomo de Corvina en Villa el Salvador, el Morro Solar en Chorrillos, y las Lomas de Paraíso en Villa María del Triunfo.

“Es fundamental que el Estado apueste por la construcción de ciudades más justas; trabaje en políticas que se enfoquen en el desarrollo humano, y fortalezca las capacidades de los gobiernos provinciales y distritales”.

Esta crisis permanente solo pone en evidencia la incapacidad del Estado de generar una oferta digna de vivienda para los sectores más vulnerables, la poca capacidad de los gobiernos locales para planificar y gestionar el suelo, y del Ministerio de Cultura y del Ambiente de cuidar los sitios declarados patrimonio.

En un esfuerzo para revertir esta situación, las municipalidades de Lima y el Callao, con apoyo del gobierno nacional, finalizaron la elaboración de los Planes de Desarrollo Metropolitano de Lima (PLANMET 2040) y del Callao (PDM Callao), instrumentos que debieran orientar el desarrollo urbano de la metrópoli hacia una ciudad más justa, equilibrada y sostenible.

En el marco del Plan, uno de los temas más discutidos fue la existencia de 43 distritos en Lima, a los que se sumó el recientemente creado distrito de Huaycán. Lamentablemente, el accionar de nuestros políticos va en contra de la opinión de diversos expertos en gestión urbana, quienes aseguran que, la creación de distritos y provincias, agudizan los problemas, carencias e informalidad; debido a que generan mayor burocracia y se pierde la capacidad para gobernar de forma eficiente el territorio. Las limitaciones económicas suelen estar relacionadas con la informalidad de las urbanizaciones, la alta morosidad de los vecinos, y la falta de instrumentos que permitan mejorar la atención y cobro de arbitrios.

El transporte urbano fue un tema de permanente crisis, sobre todo por el intento de interferencia del MTC en la ATU de Lima y Callao, sin tener las competencias para ello. En una reunión con transportistas, se hicieron promesas ilegales como remover a la directora de la ATU, ampliar las concesiones de rutas por 10 años, y condonación de papeletas. El accionar coordinado de la prensa, instituciones y colectivos ciudadanos pudieron visibilizar estos actos y evitarlos.

La pésima gestión del transporte en el país no solo nos cuesta horas, y pérdidas millonarias en producción y competitividad, sino que atenta directamente contra nuestras vidas, por los accidentes, atropellos y la contaminación ambiental generada. En setiembre del 2021, el Instituto de Políticas Energéticas de la Universidad de Chicago publicó su informe sobre el “Índice de vida y calidad del aire”, en el que Lima aparece como la ciudad con peor calidad de aire del continente, lo que reduce nuestra expectativa de vida en 4.7 años. Esto es más del doble de ciudades como Medellín y Cali, y 9 veces más que México DF y Santiago de Chile. La principal causa son los vehículos que consumen combustibles fósiles.

Han pasado dos años de pandemia y los avances en esta materia han sido mínimos, en gran parte por la inestabilidad política del sector, y por la complejidad del traslado de las competencias de Lima y el Callao a la ATU. ¿Podremos este año iniciar la tan esperada Reforma del transporte?

Finalmente, el 2021 nos deja dos enormes retos como nación, el primero es rescatar de forma sostenible a las y los millones de peruanos que cayeron en la pobreza y pobreza extrema durante la pandemia. Para ello es fundamental que el Estado apueste por la construcción de ciudades más justas; trabaje en políticas que se enfoquen en el desarrollo humano, y fortalezca las capacidades de los gobiernos provinciales y distritales. El segundo es elegir, con conciencia y bien informados, a nuestras próximas autoridades, pues ellos serán los encargados de liderar el desarrollo de nuestras ciudades y territorios.