La verdad de las mentiras

Desgraciadamente, esta situación hace que el problema no esté bien diagnosticado y, por lo tanto, las soluciones que se proponen no pasan de ser discursos que defraudan una y otra vez a una población que solo espera ver resultados concretos. Desgraciadamente, también, estamos donde estamos por una responsabilidad compartida entre el Estado y el sector privado. Hagamos un breve recuento.

Primero, tenemos un serio problema de planificación y concertación de planes. Gobierno central, gobierno regional y gobiernos locales no alinean prioridades, con lo cual el impacto de los proyectos es muy bajo y disperso. A ello hay que sumarle que incluso intersectorialmente no hay alineamiento. Se pone internet en zonas sin electricidad o se construyen puertos y no se prevé la conectividad carretera con los mismos.

No se liberan oportunamente las áreas que los proyectos requerirán, entre otros problemas que luego impactan en la ejecución. Un claro ejemplo es la Línea 2 del Metro de Lima que, ante los retrasos del MTC en la entrega de áreas, requiere de una tercera adenda en la que se establezca el nuevo cronograma de entrega e inversiones. Este problema es una constante en las concesiones viales. Otro caso es la Longitudinal de la Sierra tramo 2, un proyecto priorizado en el PNIC que se encuentra con obras suspendidas a la espera de que Provías Nacional realice la liberación de predios.

Segundo, de la planificación, que supone definir necesidades prioritarias y estimar modos y tiempos para resolverlas, hay que pasar a la formulación específica. Aquí hay un tremendo cuello de botella. Demoramos muchos años en formular y tenemos un sistema de evaluación de inversión pública que básicamente es un “pasa o no pasa” y no un “hace sentido en el marco de un objetivo nacional, regional o local”.

Esto hace que haya muchísimos proyectos aprobados que no necesariamente se les da prioridad presupuestal y, por lo tanto, no ven la luz, y otros muchos - muy relevantes - que no logran pasar por el proceso porque la fábrica de aprobación está colmada. Veamos, por ejemplo, los 47 proyectos de salud declarados viables en 2017 bajo el marco del Invierte.pe que, a junio de este año, aún no inician ejecución de gasto. El 38% de los mismos no sobrepasa los S/ 2 millones de inversión.

Tercero, pasamos a la ejecución que empieza con la previsión de presupuestos y convocatorias a procesos de obra pública, asociaciones público-privadas u obras por impuestos. Nuevamente plazos indefinidos, procesos que se truncan, etc.

Y aquí no podemos dejar de mencionar los obstáculos que tantas veces se han relevado: duplicidad de instancias, exceso de participación de la Contraloría en temas que no son de su competencia, falta de mecanismos de contratación pública flexibles, un sistema de resolución de conflictos (arbitrajes y Poder Judicial) que no ofrecen ninguna garantía, entre otros.

En los procesos APP, intervienen 7 direcciones generales del MEF: la de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad (DGAEICYP), Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal (DGPMACDF), Programación Multianual de Inversiones (DGPMI), Presupuesto Público (DGPP), Política de Ingresos Públicos (DGPIP), Política de Promoción de la Inversión Privada (DGPPIP), y la del Tesoro Público (DGTP). Sus competencias relevantes para estos procesos deberían enfocarse en la capacidad presupuestal.

Si envolvemos todos estos problemas con el manto de la desconfianza que han generado los terribles casos de corrupción en el pasado y el presente, encontramos el regalo perfecto para el peor enemigo de la población que necesita servicios públicos de forma urgente.

Sumemos a todo esto, discursos que anuncian trenes costeros y en la sierra que tomarán 10 o 20 años siquiera definir su ingeniería, mientras carreteras que solo necesitan mantenimiento están siendo abandonadas o vemos impávidos que proyectos como las líneas 3 o 4 del Metro de Lima son revisados hasta el hartazgo hace una década.

De otro lado, presentaciones congresales donde se generan expectativas de revisar los pocos contratos de concesión que han ayudado notablemente a cerrar brechas los últimos 25 años, generan mayor inestabilidad jurídica y se hacen anunciando un nuevo cambio total de funcionarios públicos que son el soporte técnico que cualquier inversionista necesita como contraparte.

El sector privado también tiene una agenda importante. Continuar con los procesos de implementación de códigos de conducta e integridad, así como sistemas de cumplimiento robustos. También empezar a levantar la voz y denunciar los casos de corrupción de los que tome conocimiento, y participar activamente en sus gremios empresariales para consolidar propuestas sectoriales antes que gestiones de intereses particulares.

La agenda es gigante, pero sí es posible avanzar poniéndonos metas realistas, colaborando todos en fijar agendas consensuadas y cumpliendo con nuestro deber de explicar lo que es posible y lo que no, sin crear expectativas falsas que solo acumulan frustraciones entre los peruanos.