Escribe: Alfonso Bustamante Canny, presidente de la Confiep
La semana que pasó, el Directorio de Petroperú planteó tres alternativas para la empresa con plazos perentorios, debido a la urgencia financiera, dos de ellas con consecuencias graves: seguir poniendo plata buena sobre plata mala y la liquidación de la empresa. La alternativa recomendada es reestructurar ordenadamente la petrolera y colocar los mecanismos de gobernanza para generar confianza a trabajadores, acreedores e inversionistas potenciales. Ante la inacción del Gobierno, (único accionista y principal acreedor) el directorio optó por la renuncia.
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El caso de Petroperú nos lleva inevitablemente a meditar sobre la actividad empresarial del Estado, para lo cual cabe referirnos al artículo 60 de la Constitución, el cual define el rol empresarial subsidiario del Estado y lo limita a intervenir en la actividad empresarial sólo cuando el sector privado no pueda hacerlo adecuadamente o en áreas consideradas de interés público.
Los fans de Petroperú han mencionado repetidas veces, que solo ella llega a los lugares más remotos del país con combustibles que son vitales para dichas zonas, y que sirve, además, como regulador de precios de los combustibles frente al sector privado. El caso es que Petroperú ha reducido su participación de mercado de 50% al 25%, principalmente, porque sus combustibles son más costosos que los ofrecidos por los privados. Y sobre el abastecimiento en lugares remotos, la construcción de una nueva refinería no sirve a este propósito. Por el contrario, montar una buena logística lograría ese rol a una pequeñísima fracción de la inversión realizada en la aun inoperante refinería.
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La señora presidenta Dina Boluarte ha aclarado que no se privatizará la empresa, sin embargo sin un accionista controlador ni gobernanza en la institución, la petrolera seguirá siendo un barril sin fondo. Diferente es el caso de la Estatal Colombiana Ecopetrol, que logró una gestión profesional a través de institucionalizar buenas prácticas de gobierno y de un plan de negocios realista para atraer inversionistas privados con una emisión de capital en las Bolsas de Bogotá y de Nueva York, manteniendo mayoría estatal.
La precaria situación de Petroperú es también responsabilidad de este Gobierno, al permitir una pésima y prolongada gestión a cargo de funcionarios enquistados en la administración con planillas doradas, a quienes les cuesta poco pedir más plata al Gobierno para cubrir sus desastres. Mas aún cuando hace caso omiso de las recomendaciones del Directorio independiente que el mismo nombró y le marcó el camino. Es lamentable que el Gobierno no haya respondido a la urgencia que marcó el directorio nombrado por ellos y que haya ameritado su renuncia.
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Mas lamentable sería volver a ver en Petroperú a cuestionados funcionarios, responsables directos del descalabro, lo que afectaría seriamente a la confianza de la comunidad financiera internacional hacia el Perú.
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