La informalidad o ¿“La nueva formalidad”?

La informalidad en el Perú ha dejado de ser un tema que impacta solo en lo social y en lo económico. Ya no es solo un asunto de ambulantes o de los que no pagan impuestos. Hoy es la “nueva normalidad”, o quizás podría decirse que es la “nueva formalidad”.

Son muchos los casos conocidos en los últimos días en los cuales altas autoridades formales y oficiales han actuado “oficialmente” de manera informal; o se han pronunciado, formal, oficial, y públicamente, para justificar o recomendar que se desacaten, se incumplan o se desobedezcan la ley y/o los fallos judiciales.

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Estas situaciones se han sucedido sin que, a pesar de los reclamos o denuncias de ciertos sectores, se haya rectificado el hecho, o se haya generado un pronunciamiento o una reacción formal de parte de los estamentos competentes y/o directamente involucrados en los asuntos de la materia.

Lo revelado por el exprimer ministro Alberto Otárola sobre la intervención quirúrgica de la presidenta Dina Boluarte, así como lo señalado respecto a que la mandataria se trasladó a un balneario del sur y prescindió de su seguridad personal y hasta de su vehículo oficial, puede ser solo una muestra de lo que queremos señalar.

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Si se acepta que un o una jefe de Estado puede decidir por sí y ante sí cuándo, cómo, y por cuánto tiempo deja su cargo para someterse a cualquier tipo de intervención quirúrgica, cosmética o actividad personal, o se traslada a cualquier lugar prescindiendo de su seguridad o escolta personal, sin informar oficial y formalmente a nadie, entonces de aquí en adelante los presidentes o jefes de Estado ya no tendrán que ajustarse a las normas y regulaciones con respecto al ejercicio de su función, y podrán hacer lo que consideren conveniente según su propio saber o entender.

Hace pocos días una congresista que fue fiscal de la Nación señaló que cualquiera puede defender su libertad utilizando los medios que pueda, incluso escapando de la cárcel, porque cada persona es libre de tomar sus decisiones. Esto al ser requerida su opinión sobre la actitud de Nicanor Boluarte de convertirse en prófugo de la justicia.

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Si se acepta que cualquier persona que sea citada por la justicia, o que sea requerida para cumplir con una prisión preventiva, simplemente no la acepte y se declare prófugo en defensa “legítima” de su libertad, incluso hasta fugándose de un penal, entonces debemos empezar a aceptar que nadie cumpla con los fallos judiciales simplemente porque los cuestiona, y que todos los que son investigados y/o acusados puedan declararse “oficial y formalmente” prófugos de la justicia, y que los condenados pueden fugarse de los penales porque consideran injusta su condena.

El Congreso de la República amplió el Reinfo. ¿Había alguna duda de que lo haría? Se podía tener todos los argumentos y pruebas en contra de esa ampliación, pero la realidad era mucho más contundente. Muchos de los congresistas tienen una relación muy estrecha con los mineros informales e ilegales, o tienen un interés muy grande en apoyarlos. Los formalmente encargados de elaborar las leyes y buscar que se cumplan, apoyando a los “informales” que incumplen y cuestionan las leyes y la formalidad.

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No hay ninguna duda que se seguirá ampliando o que se seguirá buscando la manera de que la minería informal o ilegal siga siendo “protegida” y/o “aceptada”, sobre todo ante la llegada de un tiempo electoral, en el que los parlamentarios se vuelven muy “regalones”, y en la que necesitan del “apoyo” de sus potenciales electores o “clientes”.

Los congresistas “mocha sueldos” no son otra cosa que informales o ilegales formales que creen que sus despachos son sus chacras en las que pueden actuar como caciques o gamonales al margen de la ley, y que pueden cobrar cupos o extorsiones a quienes se someten a su autoridad o control. Es decir, el Congreso, un poder formal del Estado, convertido en un “antro” en el que muchos congresistas actúan al margen de la ley, a vista y paciencia –¿y complicidad?– de su Mesa Directiva, de su Comisión de Ética, y de sus colegas.

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Podemos seguir hablando de los “diezmos” o de los 5%, 3%, o 2% que se cobran en los gobiernos regionales y locales por participar en obras públicas a través de cualquier modalidad; de las armas que son requisadas por la policía y que vuelven al mercado del crimen al ser alquiladas a los delincuentes; o de muchas otras prácticas que ya se han “institucionalizado” o “formalizado” en el país.

Y no reaccionamos ante esa “institucionalización” o “formalización” de lo informal o de lo ilegal. Las instituciones formales están siendo tomadas por la ilegalidad sin que exista una verdadera lucha frontal. La formalidad ha sido arrinconada. Y la polarización colabora, porque ante los hechos, prima la lucha política. Si la vacancia, denuncia, declaración viene de la derecha, yo me opongo. Y si viene de los caviares yo la combato. Aunque tengan razón.

Y por otro lado, no podemos o no queremos luchar contra la informalidad porque “la realidad nos desborda”. Entonces, nos debemos acostumbrar a la ¿”nueva formalidad”?