La semana pasada se deslizó la posibilidad de un crédito suplementario que se financiaría con mayores ingresos. De inmediato corrió el rumor: el dinero saldría de un alza de los Impuestos Selectivos al Consumo y de un recorte del drawback. Más allá de si las razones técnicas eran sólidas o no, lo cierto es que difícilmente podía elegirse un momento peor para semejante cambio.
Las expectativas están en zona de riesgo y se deterioran en el corto plazo. Subir impuestos en este contexto, y a la salida de un Gobierno, asestaría un golpe serio al sector empresarial.
El drawback merece capítulo aparte y un debate honesto. Es, en los hechos, un subsidio ciego: se entrega a todo exportador que lo reclame con el argumento de que lo compensa por las ineficiencias del Estado. Pero bajo esa lógica todos tendríamos derecho a un subsidio, porque todos cargamos con las mismas ineficiencias. En teoría, el drawback devuelve los derechos de importación que paga el exportador por los equipos e insumos de su operación. Hasta ahí, razonable. De ahí a generalizarlo y convertirlo en 3% del valor FOB exportado hay un abismo. Aun así, alterar este sistema hoy tampoco es recomendable por el daño que infligiría a las empresas en plena coyuntura. Es una discusión técnica que corresponde dar después, no ahora.
La otra fuente del rumor era el alza del ISC. Este impuesto representa este año el 4.66% de los ingresos totales del gobierno central consolidado, y se concentra en dos productos: los combustibles y la cerveza. Ambos son terreno minado. Los combustibles ya se encarecieron por el conflicto entre Estados Unidos e Irán; pretender subirlos aún más por la vía tributaria sería un sinsentido. Y la cerveza, por su consumo masivo, terminaría generando más distorsiones que las que un impuesto correctivo pretende corregir. Gravar nuevos productos es discutible, y en la coyuntura actual carece de sentido; las plataformas de apuestas podrían ser un buen candidato, pero eso exige una discusión técnica seria, no una decisión apresurada.
Conviene recordar para qué existe este impuesto. El ISC es una herramienta para corregir externalidades negativas: grava aquellos productos cuyo consumo privado excede lo que la sociedad desearía. El combustible, por la contaminación; la cerveza, por los costos del consumo excesivo de alcohol; y así sucesivamente. Pero hay un límite que ningún diseño tributario puede ignorar: cualquier intento de subir este impuesto chocará con el contrabando, que prospera al amparo de un control fronterizo débil que sería ingenuo negar.
Para entender el verdadero trasfondo del rumor, los anuncios y los desmentidos, hay que ver la película completa. Y la película empieza bien. En los primeros cinco meses del año los ingresos crecieron 10.6% respecto del 2025, y todos los rubros importantes avanzaron con fuerza: el impuesto a la renta de tercera categoría y el ISC por encima del 15%, y el IGV un nada despreciable 7.8%. Entonces, ¿por qué subir impuestos en estas circunstancias?
La respuesta está del otro lado del balance: el gasto. En el mismo período creció 10.5%, empujado por la mayor compra de bienes y servicios y por los aumentos salariales. Aquí está el peligro de fondo: los buenos vientos de la economía mundial elevan los ingresos vía precios de los commodities, pero el gasto sube al mismo ritmo en una dirección riesgosa. La diferencia es que el alza de la recaudación es transitoria y la del gasto es permanente. Cuando el boom de los precios se enfríe, los ingresos caerán mientras el gasto se mantendrá clavado en sus niveles actuales, abriendo un forado fiscal permanente.
Frente a ese escenario, el primer gasto que se sacrifica es el de capital, justamente el más valioso. La infraestructura pública es decisiva para ampliar la capacidad productiva de la economía, y los números ya encienden la alarma: en estos cinco meses el gasto de capital cayó 4.3%, arrastrado por el desplome de la inversión pública del nivel nacional. Es un anticipo de lo que viene. La farra fiscal del Congreso saliente se traduce en más gasto corriente y menos inversión, una combinación que equivale a un suicidio económico: sin inversión no hay competitividad para las empresas ni servicios públicos de calidad para las personas. No invertir hoy es renunciar a crecer mañana.
Este rumbo debe corregirse en dos frentes: derogar las normas que dispararon el gasto y desplegar una estrategia inteligente para ampliar la base tributaria. Con una presión tributaria del 15%, una de las más bajas de América Latina, el Estado tiene las manos atadas para atender lo que la población necesita. La urgencia no pasa por subir tasas a quienes ya pagan, sino por fiscalizar mejor y crear incentivos para que más contribuyentes ingresen al sistema. Esa, y no otra, debe ser la tarea del nuevo gobierno.
Carlos Casas Tragodara es economista del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.
Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.
