Es curioso, pero después de algunas semanas en las que cada rival de estas elecciones se atrincheró y defendió su posición, cerramos una semana en la que Roberto Sánchez jugó para Keiko Fujimori, mientras que la Presidencia del Congreso y la bancada naranja parecen querer darles la razón a sus contrincantes y al antifujimorismo.
Roberto Sánchez está haciendo que la posición fraudista del fujimorismo del 2021 sea superada, porque el candidato de Juntos por el Perú no solo busca artilugios legales para demorar lo inevitable y para anular toda la votación de los peruanos en el extranjero, sino que, además, inicia una lucha política con acusaciones constitucionales y promete movilizaciones en todo el país, con el anuncio adicional de que no reconocerá al nuevo Gobierno.
¿Qué significa eso en la práctica? Nadie lo sabe, porque, una vez proclamados los resultados, lo más probable es que la población, las instituciones, los gremios y todos los actores políticos y económicos cierren el capítulo de las elecciones y que su interés se concentre en los preparativos, designaciones e intenciones del nuevo Gobierno. El problema es que el JNE no termina su trabajo (¡qué envidia nos da lo de Chile, Colombia y hasta Bolivia!), la hace larga y no cierra el bendito capítulo. Pero, cuando por fin se cierre, a lo hecho, pecho.
Como parece que el candidato del sombrero prestado no quiere “apechugar”, siempre le va a quedar el recurso de querer movilizar a ciertos grupos a nivel regional, con bloqueos de carreteras y paralizaciones en sectores como el magisterio sutepista, los transportistas, las economías ilegales u otros afines. Pero ¿Cuánto puede durar eso? ¿Y a qué apuntarían acciones como esas?
El problema de Sánchez es que los otros grupos de izquierda que lo apoyaron –incluyendo, quizás, a Pedro Castillo, que busca su indulto, sea de Balcázar o de Keiko Fujimori– están tomando distancia de él y van a reconocer los resultados y al nuevo Gobierno; se están preparando para llegar al Congreso o para hacer su campaña electoral regional y local, compitiendo entre sí; o van a tratar de encabezar la oposición formal y frontal a Keiko Fujimori, ocupando el sitial que, si fuera más inteligente políticamente y menos visceral, le correspondería a Roberto Sánchez.
Los vacíos se llenan y las oportunidades se aprovechan. Jorge Nieto, Alfonso López Chau y sus figuras y, de repente, hasta Ernesto Zunini ya se están frotando las manos, mientras Sánchez hace los méritos para quedar ante el electorado como el “picón” del siglo, que superó a la Keiko del 2021.
Los únicos que pueden ayudar a Sánchez para mantenerse vivo políticamente son los mismos fujimoristas, en el Congreso actual o en el próximo Gobierno. Solo ellos pueden hacer que él diga: “Te lo dije”. Y parecen hacerlo, a conciencia o sin querer queriendo.
Todo lo que la Presidencia y la bancada naranja están aprobando, y parece que seguirán haciéndolo, después de la segunda vuelta, empieza a sumar como pasivo del eventual Gobierno de Keiko Fujimori. Más aún cuando ella sale a respaldar leyes recién dadas, como la ahora llamada “ley de impunidad militar policial”, y la considera condición para el “orden” que prometió. Pero ¿el orden solo es posible con leyes como esa? ¿No resultará contraproducente?
Hechos como esos, más los créditos suplementarios para el Congreso, para ser utilizados en aumentos y bonos; el aumento de sueldos para los miembros de la JNJ, entre otros, que parecen contar con el aval y la aprobación de la nueva plancha presidencial, generan la percepción de que lo dicho contra el fujimorismo en la campaña tiene algo de cierto, y solo Keiko Fujimori, sus designaciones y sus anuncios iniciales lo pueden desmentir. Aunque va a costar que le crean.
Es bueno que ella haya dicho que está pensando en un gabinete plural, amplio y abierto. Ojalá que, por sobre todo, responda a criterios políticos de interés nacional y no a premios o agradecimientos por apoyos o alianzas políticas en el presente Congreso o en la campaña electoral.
Keiko Fujimori tiene que romper con el pasado reciente (y hablamos de la última década) o con el presente de este Congreso tan despreciado. Por ello, no sería descabellado pensar que se le ha encargado a esta Presidencia del Parlamento que se aprueben todas las leyes que ella no quiere aprobar ni firmar, pero que le van a servir para lograr las adhesiones y apoyos incondicionales para su nueva gestión o para ejecutar acciones que ya tiene previstas.
El único problema es que dar leyes como estas en este Congreso y apoyarlas públicamente, o no criticarlas ni oponerse desde la eventual Presidencia electa, puede ir cerrando el círculo de esa amplitud y pluralidad y puede dar motivo y munición política para hacer la oposición más fuerte y más amplia y plural. De hecho, varios políticos y abogados de sectores que no son “caviares” o de izquierda ya se están pronunciando en contra de esas normas.
Por ello, y por toda la agenda pendiente y urgente que, por ahora, tiene como objetivos prioritarios vencer la resistencia a un Gobierno fujimorista, la lucha contra la criminalidad, los trabajos para evitar el impacto del fenómeno de El Niño, la solución a los problemas graves y las denuncias en EsSalud, y la reconciliación política, Keiko Fujimori no puede demorarse en anunciar a su equipo de trabajo (parte del Gabinete) y sus primeras medidas. Los primeros tres meses serán claves y marcarán la actitud hacia ella y hacia su Gobierno, y no serán de luna de miel, pero hay que evitar que sean de hiel.
Enrique Castillo es periodista.
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