Escribe: Enzo Defilippi, profesor de la Universidad del Pacífico.
(4 de septiembre) Dicen que el primer paso para enfrentar un problema es aceptar la realidad. Y, sin embargo, no veo que esto esté ocurriendo en la discusión en torno a Petroperú. La realidad es que Petroperú está quebrada y por lo que vemos, nadie parece querer aceptarlo.
Sí, quebrada. La crisis de Petroperú no solo es de liquidez (tan grande que muy pronto los barcos no descargarán petróleo por temor a que no les paguen), también lo es de solvencia: su deuda es tan grande que es muy poco probable que la pueda repagar con los ingresos que genera. Y esta situación, en cualquier parte del mundo (y pese a quien le pese), es la de una empresa quebrada.
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¿Qué la quebró? En mi opinión, la incompetencia derivada de la propiedad estatal. Petroperú es la empresa más grande del país, y manejar eficientemente una petrolera de ese tamaño requiere gerentes con habilidades por las que el mercado paga cientos de miles de dólares al año. Petroperú no puede ofrecer esos sueldos porque, con toda seguridad, con ellos se contrataría a compadres, allegados, o recomendados que obviamente no los valen. Como consecuencia, los directivos que manejan y han manejado la empresa lo han hecho sin poseer las competencias necesarias para hacerlo mínimamente bien (y para asegurarse que se haga con honestidad). Al contrario, el hecho de que Petroperú esté quebrada implica que su incompetencia ha sido tal que ha destruido los miles de millones de dólares que el Estado invirtió en ella desde 1968.
Ante esta realidad ¿qué hacer? En mi opinión, lo más razonable es dejar que la empresa quiebre. Hoy, el valor del patrimonio de Petroperú es cero. Sus activos podrían tener valor siendo manejados por otros, pero para realizarlo (la única esperanza para que el Estado recupere algo de lo que invirtió) es necesario venderlos. Y una junta de acreedores es una manera ordenada de vender activos que tienen más valor siendo manejados por otros.
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Esta solución, sin embargo, requerirá crear un sistema de subsidios para asegurar el abastecimiento de combustible en las zonas a las que los comercializadores privados no llegan. Si bien esto le costaría dinero al Estado, el monto sería, con toda seguridad, mucho menor que los miles de millones que requeriría reestructurar la empresa.
Esta última alternativa no solo demandaría dinero que podría estar mejor invertido en educación, seguridad o infraestructura, sino que no solucionaría nada porque lo que ha quebrado la empresa es la incompetencia de sus directivos, y el Estado no tiene cómo prevenir que la incompetencia actual sea reemplazada por una incompetencia similar en el futuro.
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En medio de esta crisis, nos enteramos que la presidenta Boluarte se ha reunido con funcionarios cuya gestión al frente de Petroperú fue tan mala que desembocó en la situación actual. La única conclusión a la que podemos llegar es que no entiende qué provocó la crisis o que le importa poco solucionarla. Malas noticias para el Perú.
Profesor de la Universidad del Pacífico. Exviceministro de Economía.
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