Únete al canal de GestiónEscribe: Enrique Castillo, periodista.
En pocos días se estará eligiendo a la nueva Mesa Directiva del Congreso de la República, y la verdad es que, al parecer, merecerá muy poco interés porque casi se daría por descontado que los “oficialistas” volverán a controlar el Parlamento y será algo más de los mismo.
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Quedan pocas dudas de que se repetirá la fórmula que se hizo de la Mesa Directiva en los últimos 12 meses. Alianza para el Progreso encabezaría la fórmula, secundado por Fuerza Popular, que prefiere la primera vice Presidencia a cambio de controlar las principales comisiones y para evitar un desgaste notorio. Seguramente seguirán integrando la Mesa Directiva los representantes de Perú Libre y de algunos de los partidos más pequeños de esa alianza.
Los grupos que se harían de la Mesa Directiva son los que en realidad se convierten en el soporte de Dina Boluarte en la Presidencia de la República, y son los que hacen y deshacen en el Congreso y en el país a nivel legislativo y hasta presupuestal, sin oposición del Ejecutivo, porque tienen los votos para lograrlo, aunque sus orígenes políticos e ¿ideológicos? sean tan disímiles y hasta antagónicos.
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Valgan verdades, en muchas ocasiones las iniciativas legislativas han tenido el apoyo mayoritario de los congresistas y la oposición de solo un puñado de ellos. Y es que cuando se trata de populismo o de beneficios personales o de grupo, ahí sí se alinean casi todos, sin mirar los colores de las banderas; o simplemente votan con la corriente o a donde sopla el viento, aunque estén “votando sin saber nada”.
Solo algunas iniciativas como la llamada “ley de impunidad” o “ley de amnistía” generan una división marcada.
Hacerse de la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso hoy es un arma de doble filo. Sobre todo, en las condiciones en las que se lograría.
Tener el manejo casi absoluto del Parlamento, como se tiene ahora, es un arma política muy importante, y más cuando se tiene una coalición que controla los votos para hacer y no hacer.
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Se tiene la capacidad de hacer, literalmente, lo que se quiera, como ha sucedido hasta el día de hoy. Reformas constitucionales, leyes exprés, leyes delivery, leyes para beneficiar a los aliados, leyes con nombre propio, leyes “sin iniciativa de gasto” que vulneran el presupuesto, procesos de salvataje a los colegas con ética o sin ética, normas para controlar o confrontar con otros poderes del Estado o con cualquier institución que se considere enemiga, etc.
También se tiene la posibilidad de aceptar de muy buena gana la sumisión del Ejecutivo, o de mantenerlo controlado o sometido bajo la sombra de los procesos de vacancia o de censuras y acusaciones constitucionales. Esto se torna en una tarea muy sencilla cuando el mismo Ejecutivo muestra temor o mantiene elevada la bandera blanca para evitar conflictos o siquiera algún tipo de discusión u observación a las decisiones del Parlamento.
Podrán discutirlo los juristas y constitucionalistas, pero durante el último año, el Congreso ha sido, en la realidad, el primer poder del Estado, porque ha podido todo, a voluntad, y contra el parecer de la ciudadanía que encuesta tras encuesta los ha “premiado” con la desaprobación más alta, exceptuando a la de la presidenta de la República.
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El lado negativo del asunto es que, y aunque se quiera disimular, la percepción de la población asume que los congresistas están de espaldas al país, hacen lo que les da la gana, tienen en varios casos vínculos con la corrupción o son también corruptos, dan leyes que los benefician o benefician a los suyos, se aprovechan de su cargo para obtener prebendas que están por encima de lo que la población tiene u obtiene, y forman parte del desgobierno de este gobierno.
Y esto es una mochila que pesa más para las agrupaciones o congresistas que actualmente forman parte de la Mesa Directiva o están en cargos de comisiones que tienen más exposición por las leyes que dan o las argumentaciones (¿?) que ofrecen.
Lo de “oficialistas” o de “socios del gobierno” es algo de lo que difícilmente se podrán librar precisamente las agrupaciones y congresistas que forman parte de Mesa Directiva, lo que les pasará alguna factura en las próximas elecciones. Más todavía si a esto le sumamos las consecuencias que podrían tener por decisiones o acciones que viene tomando y ejecutando como anuncios e incorporaciones que nos muestran que hay sumas que restan.
Antes los últimos años de un gobierno daban pie a que los miembros de la oposición o los independientes lleguen a la Mesa Directiva del Congreso debido al desgaste político de las gestiones. Hoy, parece que eso no se dará.
¿Seguirán mostrándose en los hechos como oficialistas, o pasarán “estratégicamente y con fines electorales” a la oposición?
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