El principal desafío económico de Perú no está hoy en la falta de recursos, sino en los cuellos de botella que limitan su productividad: brechas de infraestructura, altos costos logísticos, limitada conectividad y servicios públicos deficientes. Estos factores restringen la capacidad de crecer y generar empleo, pues encarecen la producción y reducen la competitividad del país. Destrabar estas limitaciones no es una opción, es una condición necesaria para sostener el crecimiento en el largo plazo.
Este no es un debate coyuntural ni de corto plazo, sino una reflexión sobre las decisiones estructurales que el país deberá enfrentar en los próximos años.
En ese contexto, el portafolio de proyectos impulsado desde ProInversión para el periodo 2026–2028 no debe entenderse como un estímulo a la demanda, sino como un esfuerzo por expandir la oferta en sectores clave: transportes, energía y minas, saneamiento, salud, agricultura, turismo y educación.
La evidencia muestra que cuando los proyectos de inversión están bien diseñados y ejecutados, sus impactos son transformadores. Los proyectos agroexportadores han convertido, por ejemplo, zonas desérticas en polos productivos altamente dinámicos, generando exportaciones por más de US$ 15 mil millones anuales, empleo formal y encadenamientos productivos. Casos como Chavimochic y Olmos ilustran cómo la infraestructura puede elevar de manera sostenida la capacidad productiva del país.
También existen lecciones importantes de lo que ocurre cuando la inversión no cumple estos estándares y ha implicado elevados compromisos fiscales sin generar incrementos proporcionales en producción o empleo, además de controversias contractuales. En estos casos, la lección es clara: el problema no es solo invertir más, sino –y sobre todo– invertir bien.
En los últimos meses, a partir de las presiones sobre el gasto corriente, se ha discutido extensamente sobre la vulnerabilidad de nuestras cuentas fiscales. Ello se da en un contexto donde la política fiscal peruana ha sido históricamente prudente y ha contribuido a preservar la estabilidad macroeconómica del país.
Sin embargo, es importante diferenciar el gasto corriente (pago de salarios, bienes y servicios) del gasto de capital (infraestructura). Mientras que el primero puede dinamizar la demanda en el corto plazo, las inversiones impactan en la capacidad productiva y promueven el crecimiento económico de largo plazo.
La discusión fiscal no debería agotarse en el tamaño del déficit, sino en la calidad del gasto y en los activos que este financia. No es equivalente destinar recursos fiscales a gasto corriente permanente que hacerlo a infraestructura que reduce costos logísticos, mejora la conectividad y eleva la productividad.
En ese contexto, resulta útil observar la posición de Perú en comparación con otros países de América del Sur. El país mantiene uno de los niveles de deuda pública más bajos en relación con su PBI. Economías como Brasil (92.0%), Argentina (73.1%), Uruguay (68.5%), México (60.7%), Colombia (58.7%) y Chile (43.0%) presentan ratios significativamente superiores, mientras Perú se ubica alrededor de 30%–32%, de acuerdo con el Marco Macroeconómico Multianual 2026–2029.
Este dato no implica en ningún caso una invitación a incrementar el endeudamiento de manera indiscriminada, pero sí sugiere que existe una posición fiscal que, bien gestionada, podría permitir evaluar un mayor esfuerzo de inversión pública en proyectos de alta calidad.
La sostenibilidad de ese espacio depende del costo de financiamiento, de la credibilidad de la política fiscal y, sobre todo, de la capacidad de transformar inversión en crecimiento.
Por ello, la discusión relevante no es si el país debe endeudarse más en abstracto, sino en qué condiciones resulta razonable utilizar ese espacio para financiar inversiones que eleven el producto potencial. No hacerlo también tiene costos: postergar decisiones de inversión de calidad implica mantener brechas, limitar la productividad y, en consecuencia, restringir el crecimiento futuro del país.
Cuando los proyectos están bien diseñados, priorizados y ejecutados, su impacto sobre la productividad permite que el crecimiento compense, al menos parcialmente, los esfuerzos fiscales asociados. Pero cuando esto no ocurre, el resultado es un deterioro de las cuentas públicas sin mejoras equivalentes en la capacidad productiva.
Se puede hacer mucho en el país, pero el foco debe estar en la calidad del gasto. Para ello, es indispensable evitar el aumento del gasto corriente innecesario y priorizar intervenciones que generen valor en el tiempo.
El Perú enfrenta una oportunidad estructural para acelerar su desarrollo cerrando brechas de infraestructura de manera responsable. Las decisiones que adopte el país en los próximos años deberán sostener ese equilibrio entre prudencia fiscal y desarrollo productivo. Porque al final, la diferencia no estará en cuánto invertimos, sino en cómo lo hacemos.
Luis Del Carpio Castro es presidente ejecutivo de ProInversión.
