Únete al canal de GestiónEscribe: Carlos E. Paredes, economista y catedrático.
1. A comienzos de diciembre del 2020, producto de una ola de protestas, el Congreso derogó el régimen promocional que beneficiaba a la actividad agroexportadora. En vez de perfeccionar un régimen que había promovido la inversión privada y generado cientos de miles de puestos de trabajo formal, se optó por eliminarlo y fijar un plazo perentorio (15 días) para legislar sobre la materia. Así, prisionero de una decisión torpe y apurada, el Congreso procedió a aprobar la Ley 31110 a fines de 2020.
2. Dicha ley introdujo dos cambios importantes. Primero, modificó la tasa del impuesto a la renta de las empresas agroexportadoras –incrementándola gradualmente hasta el 29.5% que rige para el resto de sectores. Segundo, incrementó el costo laboral al introducir una Bonificación Especial para el Trabajador Agrario (conocida como bono BETA) equivalente al 30% de la remuneración mínima vital. En mi opinión, este es uno de los mayores despropósitos legislativos en materia económica de las últimas tres décadas.
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3. El bono BETA choca abiertamente con la ley de la oferta y la demanda, pues fija el salario de manera independiente de la productividad laboral. Como señalé en su momento, “en un país donde prima la libertad de empresa, no se puede obligar a contratar y pagar a trabajadores un salario que está por encima del valor de su productividad. La razón es simple: pagarle a un trabajador más de lo que genera, causa pérdidas a la empresa, por lo que esta dejará de realizar las actividades que –producto de la norma– dejarán de ser rentables.” (“Cuidado con el agropopulismo”. Gestión, 17/12/2020).
4. Como anticipamos en aquel entonces, esta norma no solo pondría fin al boom agroexportador más importante de nuestra historia, “sino que empujaría a cientos de miles de trabajadores a la informalidad.” Desgraciadamente, las cifras de empleo en el agro moderno parecen confirmar nuestro vaticinio. Las estadísticas que publica el BCR sobre el empleo en el sector agropecuario muestran una tendencia negativa preocupante. En los últimos dos años, se habrían perdido decenas de miles de puestos de trabajo formal, en contraposición a los cientos de miles que se crearon bajo el régimen anterior.
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5. Ahora, para enfrentar este problema el Ejecutivo ha anunciado que buscará modificar la ley 31110. Sin embargo, no tocará el bono BETA –que es lo que correspondería hacer desde un punto de vista económico–, sino que buscará reducir nuevamente la tasa del impuesto a la renta al 15%.
6. Los regímenes tributarios especiales son percibidos como arbitrarios y producto del lobbying de sus potenciales beneficiarios. Por esto, para ser exitoso en su propósito, es importante que el gobierno demuestre la racionalidad económica de su iniciativa: debe explicar –con cifras– la naturaleza compensatoria de la misma, limitándose a mitigar el daño generado por el sobrecosto laboral introducido en diciembre de 2020.
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