“¿Por qué no?”

A estas alturas del periodo parlamentario, ya es bastante conocido que las iniciativas presentadas por el hoy segundo vicepresidente del Parlamento, el perulibrista Waldemar Cerrón, no son necesariamente las más técnicas ni reflexivas, por decir lo menos. Pese a ello, gracias a la influencia que este ha logrado tener y a su alianza con ciertos sectores de derecha, muchos de sus proyectos han terminado siendo aprobados y publicados.

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Esta semana, una nueva iniciativa de este parlamentario que ha llamado la atención es su idea de reducir en dos años el mínimo de edad para votar. De aprobarse esta medida, los más de 571 mil jóvenes de 16 años y 559 mil jóvenes de 17 años que existen en el país podrían pasar a tener el derecho y el deber de votar a partir de las próximas elecciones, siempre que el cambio se apruebe antes de que deba publicarse el nuevo padrón.

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¿Pero cuál es el sustento detrás de esta propuesta? ¿Qué problema se estaría queriendo resolver y qué argumentos existen para pensar que esto podría mejorar en algo nuestra democracia? En realidad, hasta el momento, estas no parecen haber sido preguntas que hayan sido lo suficientemente debatidas.

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En defensa de su iniciativa, Cerrón ha argumentado que su intención es “ampliar la participación cívica y otorgar voz a un sector poblacional joven”, lo que no permite dilucidar por qué su propuesta es reducir la edad mínima a 16 y no a 15 o a 17. También asegura que, a esa edad, “los jóvenes han desarrollado habilidades cognitivas suficientes”, pero no ha sustentado estas afirmaciones como corresponde.

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Algo que hace, en principio, podría ser un mejor argumento es que también desde los 16 se otorga excepcionalmente el permiso para trabajar o casarse, o que ahora se pueda ir a la cárcel desde esa misma edad. Sin embargo, el trabajo o permiso para casarse siguen siendo justamente excepcionales a esa edad, mientras que el hecho que alguien pueda ir preso a esa edad también es en sí mismo un asunto bastante polémico. Y también excepcional.

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En realidad, más que presentar propuestas de reformas meditadas y que recojan algunas de las ideas que tantos grupos de especialistas ya han planteado desde la academia y la sociedad civil, las iniciativas que van entrando en la agenda del Congreso parecen novedades aleatorias de último minuto. Sugerencias poco meditadas que no han pasado por el esfuerzo de revisar las opiniones de expertos, la experiencia de otros países ni cómo podrían encajar con otras iniciativas que apunten a corregir varios aspectos de un mismo problema.

Mientras el Congreso siga aprobando cambios aislados como este en lugar de una reforma electoral integral, será muy difícil que algo realmente pueda cambiar para mejor.