La refinería de petróleo que la estatal Petroperú construyó en Talara podría ser la obra pública más onerosa de nuestra historia. No solo porque costó cerca de US$ 6,500 millones –cinco veces el monto original estimado–, o porque entró en operaciones seis años después de lo anunciado inicialmente, sino porque el constante incremento de su financiación es el principal motivo de las pérdidas que la entidad ha estado generando. La ineficiente gestión a la que fue sometida durante el régimen de Pedro Castillo, quien hizo del copamiento del Estado su marca distintiva, fue la gota que derramó el barril.
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Y tras cerrar el 2022 con una pérdida neta de US$ 271 millones, el 2023 batió todos sus récords de ineficiencia con una de US$ 823 millones. Ese monto negativo es una carga para las cuentas nacionales, en otras palabras, es un costo que deberán asumir todos los peruanos. Por ese motivo, es perentorio que el Gobierno defina qué hacer con la gestión de la petrolera. Ya dio un paso importante con el nombramiento de un nuevo directorio –en funciones desde el 1 de marzo–, integrado por profesionales independientes.
Una de sus primeras acciones fue publicar el Plan de Reestructuración que la consultora Arthur D. Little y el banco de inversión Columbus Zuma presentaron el año pasado, y del que solo se conocían generalidades. Por ejemplo, recomienda realizar una oferta pública inicial (OPI), es decir, vender acciones de Petroperú en la bolsa (Gestión 20/09/2023), de modo que la propuesta del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, no es novedad. Tampoco es nuevo que la palabra “privatización” genere escozor en muchos, así que el ministro ha señalado que el Estado mantendrá la mayoría del accionariado de la petrolera.
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Además, tal como está Petroperú en estos momentos, una eventual OPI no sería atractiva –a menos que se asigne a sus acciones un precio de ganga–, pues tiene pasivos por US$ 8,339 millones (el 2022 sumaron US$ 7,289 millones), y en enero, Fitch Ratings rebajó su calificación a B+, nivel que no es “grado de inversión”.
Entonces, habrá que sopesar opciones para que esta empresa estatal siga siéndolo, pero asegurar que su gerencia sea autónoma y deje de estar sujeta al intervencionismo político, además de transparente y que deje de decir verdades a medias para contentar al Gobierno (como afirmar que la refinería operaba al 100% cuando no era cierto). De nada sirve tener un directorio eficaz si la gerencia no lo es, ni si hay trabajadores que siguen ahí por sus lazos sindicales y no porque sean productivos.
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